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Ortega ordena reformar la Constitución y la Ley de la Policía para castigar a oficiales desertores

El dictador Daniel Ortega ordenó a sus diputados de facto en la Asamblea Nacional reformar el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley orgánica de la Policía, para someter aún más a esta institución.

La iniciativa de reforma sería aprobada mañana miércoles 5 de julio y establece eliminar el principio de que la Policía sea una “institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”. Además habrá castigo con hasta dos años de cárcel para los policías desertores.

La primera modificación de la propuesta, establece ahora que “la Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución, e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento del desempeño de sus funciones”. 

Esta redacción elimina por completo la referencia a la profesionalización y apartidismo de la Policía. 

La reforma plantea que, “la Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. En el cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional se basa en el protagonismo de las personas, la familia y la comunidad. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos y personal”. 

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CASTIGO PARA DESERTORES

El cambio constitucional, añade tres nuevos artículos: delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y por último la deserción.

El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, reza el texto.