El dictador Daniel Ortega anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) está investigando a algunas entidades financieras por supuestamente haber otorgado préstamos hipotecarios “sin cumplir” con los estándares a personas naturales a las que confiscó sus propiedades.
Ortega reveló que los bancos que operan en Nicaragua, y que habían otorgado préstamos hipotecarios antes de ser expropiados, están reclamando ahora el dinero al Estado.
“Ahí están pegando brincos algunos bancos, que más bien parecen cómplices de los estafadores, porque no cumplían con una normas a la hora de entregar un préstamo”, acusó Ortega, sin precisar qué normas.
Ortega dijo que se está investigando a esos bancos -sin mencionar nombres- “para sancionar a todos los que resulten culpables”.
Según la Procuraduría, al Estado “le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses”.
Ortega, aseguró el sábado 18 de mayo que “en estos momentos han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, propiedades donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad”.
La PGR justificó las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a particulares, bajo el argumento de que han sido decomisadas por “delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes”, que se calcula en al menos 250 millones de dólares y que los afectados han tildado como robo y confiscación.
“Todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense, ya el Estado la declaró propiedad del Estado”, confirmó Ortega durante el 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino.
Según el dictador, esas propiedades expropiadas son “para el beneficio de los pobres, para invertirla en todos los programas sociales, desde vivienda, salud, educación, seguridad social”, lo que es rechazado por los afectados bajo el argumento que la Constitución prohíbe la confiscación de la propiedad privada.
Investigación denuncia nueva “piñata” de propiedades
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua.
Esa investigación señala que las “ilegales confiscaciones de bienes” constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como “piñata”.
La denominada “piñata” es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, así como entre febrero y abril de 1990 durante el período de transición presidencial, en el que Ortega entregó el poder a la entonces mandataria Violeta Barrios de Chamorro.
Según la investigación de OPTA, en este nuevo período de Ortega, y que denominaron ‘La nueva piñata Ortega Murillo’, se han confiscado bienes y propiedades a oenegés, empresarios y cámaras empresariales, universidades, iglesia católica o medios de comunicación, entre otros.
