La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan este martes 11 de junio, su preocupación por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua, y demandaron al régimen Ortega-Murillo “liberarlas de manera inmediata”.
“La CIDH y la RELE urgen al Estado a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en 2018. Asimismo, instan a cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas”, demandó el organismo.
Según el conteo de la CIDH, al 30 de abril de 2024, al menos 128 personas se encuentran privadas de la libertad arbitrariamente por motivos políticos en Nicaragua y de estas, más de 30 cuentan con medidas cautelares o provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió información sobre las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos. Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como presas políticas”, señaló el organismo en un comunicado.
El prolongamiento de la detención está causando el deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las personas adultas mayores, así como de aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes a la prisión, colocando en grave riesgo su vida e integridad física, añadió la CIDH.
En el caso de las mujeres presas políticas, las condiciones “serían aún más severas debido a denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas”.
La CIDH destaca el caso de Fátima Mejía Ruiz, quien no recibió atención en salud post natal, tras haber dado a luz previamente a su detención. También menciona el caso de Jaime Navarrete Blandón, detenido en 2019, así como las personas integrantes de la iglesia evangélica “Puerta de la Montaña”, detenidas en diciembre de 2023, de quienes se desconoce su condición de salud.
Asimismo, preocupa a la CIDH y a su RELE la ausencia de información oficial sobre los paraderos de Freddy Quezada, Carlos Bojorge y Brooklyn Rivera desde sus detenciones, “lo que podrían constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional”.
“La CIDH y la RELE urgen al Estado a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH”, solicitó el organismo.
