El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que será presentado ante la Asamblea General de la OEA, donde se insta al régimen de Daniel Ortega a poner fin a la impunidad y liberar a todos los presos políticos de Nicaragua.
Según reporta el medio Confidencial, el proyecto, promovido por Canadá y respaldado por varios países latinoamericanos y del Caribe, fue aprobado ayer 18 de junio sin oposición durante una sesión especial del Consejo Permanente.
Según fuentes diplomáticas consultadas por Confidencial, la resolución será enviada directamente a la Asamblea General sin modificaciones, donde se espera que sea ratificada durante las sesiones programadas del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay.
La iniciativa canadiense, titulada “Seguimiento de la situación en Nicaragua”, consta de siete artículos que detallan las medidas urgentes que la comunidad internacional solicita al régimen en Nicaragua:
1. Instar al Gobierno de Nicaragua a cesar todas las violaciones de derechos humanos y restaurar las instituciones democráticas.
2. Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos o religiosos.
3. Respetar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y abstenerse de reprimir arbitrariamente a líderes religiosos y políticos.
4. Facilitar la entrada de organismos internacionales para el escrutinio de derechos humanos en Nicaragua.
5. Mantener informado al Consejo Permanente sobre la situación en Nicaragua y promover iniciativas de diálogo y negociación.
6. Continuar el monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en el país.
7. Instar a los Estados del hemisferio a intensificar esfuerzos para restaurar el Estado de derecho en Nicaragua.
Nicaragua salió de la OEA en noviembre de 2023, pero este hecho no exime al régimen de Ortega de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Se espera que la Asamblea General de la OEA en Asunción marque un paso significativo en la condena internacional hacia las acciones del régimen de Daniel Ortega, poniendo de relieve la preocupación regional por la situación de derechos humanos en Nicaragua.
