En su intento de proyectar una imagen de “país seguro”, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene que Nicaragua ha reducido su tasa de homicidios a 7 por cada 100 mil habitantes, colocándola supuestamente entre las más bajas de América Latina y el mundo.
Sin embargo, la realidad en las calles y las “cifras ocultas o maquilladas” cuentan una historia muy diferente. A través de una propaganda constante y sin forma de ser contrastada, la dictadura busca convencer a la población y a la comunidad internacional que el país vive bajo un clima de paz y seguridad, aunque sin un Estado de derecho pleno.
Las detenciones, secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanos que critican al régimen, más juicios celebrados en las sombras y sin defensa legal adecuada, son otro problema que dejan al descubierto las mentiras de un régimen que ha perdido toda credibilidad tanto dentro, como fuera del país.
“Es así de fácil, el gobierno puede decir que aquí nadie muere, que no hay homicidios, cero robos, que todos somos felices. El que diga que no es así, aunque esté sufriendo por inseguridad ciudadana va a la cárcel. Aquí te echan preso hasta por andar fotos de personas a quienes el gobierno no quiere. Entonces, el régimen puede hasta dar misa”, señala un especialista en seguridad ciudadana que por razones obvias pide se proteja su identidad.
Verdades a medias y omisiones
La Policía destruyó su prestigio al someterse a sus decisiones políticas. Desde el 2018 que acató la orden de disparar contra opositores y permitió las acciones parapoliciales, dejó de publicar cifras detalladas sobre homicidios, femicidios, robos y demás delitos.
En la conferencia de prensa del 2 de septiembre reciente por ejemplo, el vocero de la policía, el Comisionado General Jaime Vanegas, informó sobre la captura de 23 personas por diversos delitos durante el periodo del 26 de agosto al 1 de septiembre, destacando solo dos arrestos por homicidio.
Uno de los capturados fue Héctor David Gómez, acusado de matar a Antonio Martínez González durante una pelea cuando se encontraba en estado de ebriedad en Rivas, causándole un trauma craneoencefálico tras golpearlo y arrojarlo contra el pavimento. El otro detenido, fue Enyel Francisco Aráuz Picado, quien presuntamente asesinó a Marvin Alberto Garmendia Espinoza en San Sebastián de Yalí, Jinotega, con un arma blanca durante una discusión.
Sin embargo, durante el mismo periodo ocurrieron al menos tres homicidios más, que no fueron mencionados por Vanegas.
En Santo Tomás del Norte de Chinandega, Luis Gumercindo Domínguez García presuntamente asesinó a Francisco Javier Bonilla Barrera de 75 años, con 40 machetazos el 28 de agosto. El agresor es un prestamista que ultimó a la víctima, porque no le podía pagar.
Otro caso omitido por la policía, fue el de Carlos Eliézer Neira Ordóñez, quien mató a su abuelo Felipe Feliciano Armas Ruiz de 78 años el pasado 1° de septiembre tras negarle dinero para comprar drogas. El hecho ocurrió en el departamento de Chinandega.
Además, en Terrabona, Matagalpa, el transportista Francisco Castellón Lúquez, fue asesinado a balazos mientras revisaba su autobús antes de comenzar su jornada de trabajo. El crimen ocurrió el sábado 31 de agosto en horas de la madrugada y hasta la fecha, no hay una sola pista de quiénes cometieron el aterrador crimen, que pone en mayor zozobra a la población.
¿Y los informes sobre seguridad ciudadana?
El régimen no proporciona datos sobre homicidios cuando no se ha capturado a un sospechoso, por lo que se desconoce si estos casos se incluyen en las estadísticas oficiales anuales. La escasa información que había sobre homicidios, ha desaparecido por completo este año. Mientras tanto, la propaganda oficial insiste en que Nicaragua es un país seguro.
Según los boletines del Instituto de Medicina Legal, IML, en 2023 se reportaron 372 homicidios: 331 hombres y 41 mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE), no ha actualizado sus estadísticas desde el año 2021.
Y mientras ya estamos en el mes de septiembre, el IML, no ha publicado ni un solo boletín este año para tener alguna referencia sobre cómo está el comportamiento de los homicidios y la violencia, lo que deja un vacío de datos fiables que puedan respaldar las afirmaciones de la Policía y del régimen sobre la seguridad ciudadana en Nicaragua.
Seguridad para unos, peligro para otros
El régimen de Ortega y de su esposa Rosario Murillo, promueve una narrativa de seguridad basándose en un modelo “diferente” al de otros países de la región. Según la propaganda, la policía nicaragüense no es represiva ni opresiva como las de otros países, que supuestamente actúan bajo las imposiciones del “imperialismo”. Sin embargo, la realidad es que en Nicaragua, los delincuentes parecen vivir en paz, mientras que los políticos opositores y los ciudadanos críticos al régimen, enfrentan una cruda represión.
La situación de inseguridad se ha agravado con la liberación masiva de presos por parte del régimen. En mayo de 2024, Ortega otorgó la libertad a 1,500 reos en conmemoración del Día de las Madres, y en abril, había liberado a otros 1,500 en vísperas de celebrar el aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Los 3 mil infractores de la ley, fueron liberados bajo el régimen de convivencia familiar.
Desde 2018, más de 35 mil reos, muchos de ellos condenados por homicidios, violaciones y otros delitos graves, han sido excarcelados sin haber cumplido ni la mitad de sus condenas, según han denunciado organismos de derechos humanos.
La liberación de estos reos ha incrementado la percepción de inseguridad en las calles. Nereida, es residente de un barrio de Managua. Ella describe cómo su comunidad se ha vuelto más peligrosa desde estas liberaciones masivas.
“Aquí se ha puesto más peligroso, sobre todo con los robos. No podés andar en la calle temprano o en la noche porque hasta en moto te salen los ladrones. Al hijo de una amiga, le pegaron un balazo porque no quiso soltar su celular”, relata la ciudadana, quien teme por su seguridad y la de su familia.
Impacto en la seguridad de las mujeres
El incremento de la violencia también se refleja en los altos niveles de violencia contra las mujeres. La analista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, señala que la violencia contra las mujeres ha aumentado notablemente en los últimos años, especialmente desde 2020.
“Hay varios casos de agresores indultados que salieron para ir a buscar a sus víctimas y asesinarlas. Los femicidios y la violencia sexual contra niñas menores de 14 años se han disparado”, explica Cuadra, señalando cómo las decisiones del régimen, han puesto en riesgo la vida de miles de mujeres.
Y mientras los delincuentes excarcelados gozan de libertad, el régimen ha intensificado su represión contra los críticos y opositores. Las cárceles y las torturas, están reservadas para aquellos que se atreven a desafiar al régimen de Ortega y de Murillo, incluyendo a obispos, sacerdotes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, publicado este mes de septiembre de 2024, denuncia un aumento en las detenciones arbitrarias, intimidación de opositores y malos tratos bajo custodia en Nicaragua. La persecución contra quienes expresan opiniones disidentes se ha intensificado, afectando a medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos.
Mientras miles de nicaragüenses han tenido que huir a otros países por miedo a la represión, otros miles se encuentran bajo vigilancia y asedio constante aún en Nicaragua. Otros tienen que firmar todos los días en las instalaciones de la Policía del régimen a pesar de no haber cometido ningún delito.
“Pese a las expulsiones y destierros de muchos expresos políticos, las cárceles siguen teniendo a gente considerada por el régimen una amenaza. Estas personas son defensores de derechos humanos, miembros de la iglesia Católica, empresarios y ciudadanos comunes que han sido secuestrados, se encuentran incomunicados y solo por pensar diferente a los dictadores”, dice el especialista.
Redacción
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