En los últimos días, más de 30 excarcelados políticos nicaragüenses desterrados en Guatemala desde septiembre de 2024, informaron que han recibido la noticia de que sus solicitudes para reasentarse en Estados Unidos fueron rechazadas por las autoridades de ese país, a pesar de haber sido víctimas de persecución política y haber sufrido detenciones arbitrarias en Nicaragua desde 2018.
La abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez alertó en días recientes que a varios de los excarcelados se les notificó que “se les niega el refugio en USA”.
“He recibido denuncias de víctimas que estuvieron detenidos injustamente por el régimen y están circulados por la Interpol. Cada caso debe de ser revisado. Esta es una nueva modalidad, sin pruebas el régimen está circulando opositores”, expuso Martínez en su cuenta de X.
La abogada precisó que entre los afectados se encuentra Edder Muñoz, quien “queda en desamparo este 31 de enero 2025 en un país que no conoce, sin trabajo”. Además que le han informado que deberá dejar el hotel donde ha estado esperando su proceso de reubicación.
“Él es Edder Odiel Muñoz originario de Masaya detenido en 3 ocasiones por motivos políticos acusado falsamente. Activista. Está pasando por un impase, la dictadura le quito todo lo envió a Guatemala sin nacionalidad, ahora le fue negado beneficio solicitado para ingresar a USA”, señaló la abogada.
Otra afectada es Adela Espinoza Tercero, “joven excarcelada actualmente en Guatemala. Víctima del régimen, acusada falsamente. Le fue negado el beneficio de reubicación en USA. Es revictimizada. Mi solidaridad y apoyo a la joven Adela”, escribió Martínez.
En su cuenta de Facebook, Muñoz ha expresado su desconcierto ante la situación: “Es inaudito que personas que estuvimos en la lucha por defender el derecho a la vida, que estuvimos en defensa a los derechos humanos… se nos niegue el resguardo a nuestra integridad”, declaró en sus redes sociales, haciendo énfasis en la contradicción de ser desplazados sin razón legal.
En el caso de Adela Espinoza Tercero, excarcelada política de 28 años y madre de dos menores, también expresó su frustración: “Es como si se estuviera ratificando la acusación que el régimen me impuso”, refiriéndose a los cargos falsos de tráfico de drogas y difundir noticias falsas, según declaraciones al diario La Prensa.
Gabriela Morales, otra excarcelada política, también compartió su experiencia tras recibir la notificación negativa el 9 de enero. Morales, quien pasó por un proceso de entrevistas largas y agotadoras, expresó su indignación por la falta de credibilidad que se le otorgó: “Nos dijeron que nuestras entrevistas no fueron creíbles, cuando lo único que hicimos fue luchar por la democracia y la libertad en Nicaragua”.
El rechazo al reasentamiento en Estados Unidos afecta no solo a los excarcelados, sino también a sus familias. La incertidumbre y el desamparo son evidentes, especialmente con el plazo de ayuda para hospedaje y alimentación por parte de ACNUR, que termina el 31 de enero de 2025.
Pedro Gutiérrez, otro excarcelado político desterrado en Guatemala, declaró “Ya hemos sido denegados más de treinta personas en la organización encargada del reasentamiento, y creo que la lista sigue. Nos dijeron que nuestras entrevistas no fueron creíbles, y parece que se basan en los cargos fabricados por la dictadura”.
La abogada Yonarqui Martínez pidió a las autoridades estadounidenses que revisen cada caso, ya que considera que el régimen nicaragüense está utilizando su influencia para presentar denuncias falsas a nivel internacional.
Mientras tanto, los excarcelados y sus familias continúan buscando alternativas. Algunos evalúan la posibilidad de solicitar refugio en otros países, como España, Canadá, Costa Rica y Chile, mientras esperan que ACNUR y otras organizaciones internacionales garanticen su protección.
La madrugada del jueves 5 de septiembre la dictadura Ortega-Murillo excarceló a 135 presos políticos de Nicaragua, que mantenía en distintas cárceles del país, y los desterró a Guatemala, reveló el Gobierno de Estados Unidos.
“La Administración Biden-Harris logró hoy la liberación de 135 presos políticos injustamente detenidos en Nicaragua, por razones humanitarias. Nadie debe ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, detalló en una nota de prensa, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.
Agregó en ese momento que, a los excarcelados se les “ofrecerá a estas personas la oportunidad de solicitar formas legales de reconstruir sus vidas en los Estados Unidos u otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura”.