El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) publicó este lunes 3 de marzo, un informe sobre la situación de violencia de género en Nicaragua, titulado “Un Estado contra las mujeres, las adolescentes y las niñas”.
El documento denuncia cómo el Estado nicaragüense se ha convertido en el principal agresor de las mujeres, al perpetuar y encubrir diversos tipos de violencia, desde el femicidio hasta la violencia sexual y política, sumiendo a las mujeres, adolescentes y niñas en un ciclo interminable de desprotección e impunidad.
“Nicaragua es un Estado profundamente machista, conservador y deliberadamente contrario a los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. El Estado está en contra de ellas pues no hay un solo ámbito de las violencias donde él no sea el protagonista directo que las desencadene, potencie o perpetúe”, afirma el informe.
Un Estado cómplice en la violencia
El informe sostiene que el Estado de Nicaragua no solo es un espectador pasivo de la violencia de género, sino que actúa directamente para perpetuarla.
A pesar de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo insiste en su lucha contra la violencia machista, la evidencia revela lo contrario: es el Estado el principal promotor de la violencia en todos sus aspectos, a través de actos directos, omisiones y encubrimientos.
La falta de un sistema de protección real para las mujeres es clara, y la impunidad sigue siendo la regla en lugar de la excepción.
CALIDH identifica tres dimensiones fundamentales en las que el Estado ha fallado en sus responsabilidades internacionales en materia de violencia basada en género: estructural, político-legal e institucional.
A través de estas dimensiones, el Estado ha destruido los pilares básicos para proteger a las mujeres: prevención, investigación, sanción, reparación y no repetición.
Femicidios: complicidad y encubrimiento
Uno de los puntos más graves destacados en el informe es el femicidio. El Centro resalta que, en muchos casos, el Estado no solo falla en prevenir los femicidios, sino que encubre a los responsables, protegiendo a los agresores y tratando los asesinatos como simples “suicidios”.
CALIDH destaca que un caso particularmente significativo es el de Dina Carrión, cuyo femicidio fue presuntamente encubierto por las autoridades, obstruyendo las investigaciones y dejando claro que el Estado no tiene interés en proteger la vida de las mujeres.
La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779), aunque inicialmente amplia y prometedora, fue desmantelada por reformas impulsadas por sectores conservadores, funcionarios del Estado y políticos.
“La destrucción de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779 cuyo espíritu fue inicialmente amplio, su contenido fue duramente atacado por sectores conservadores de la sociedad, por ejemplo, varios jerarcas de la iglesia católica, distintas denominaciones evangélicas, referentes políticos, sociales y funcionarios del propio Estado. Luego se introdujeron reformas a la ley, no porque el Poder Legislativo se vio presionado, sino porque jamás hubo compromiso con su aplicación. La primera reforma redujo a quién se consideraría femicida y la reglamentación inconstitucional del presidente de permitir la mediación dio por concluida a esta ley, producto de años de lucha de los movimientos de mujeres, feministas y de derechos humanos”, reza el informe.
El Centro afirma que “la Corte Suprema de Justicia participó abiertamente en la demolición de la ley, dictando orientaciones a los jueces ‘especializados’, varios de ellos corruptos, familiares de los magistrados de la corte y sin preparación, respecto de cuando un acusado debía ser enviado a prisión preventiva o no”.
El colapso del sistema de atención a las víctimas
El informe también destaca el cierre de las Comisarías de la Mujer, que eran claves en la atención y protección de las víctimas de violencia de género. Los testimonios revelan que, en muchos casos, las policías se ponían del lado del agresor o presionaban a las víctimas a mediar.
En algunos casos, las mujeres incluso fueron obligadas a pagar el transporte para poder asistir a las citas con la Policía, lo que pone de manifiesto la falta de recursos y voluntad política para garantizar la protección de las mujeres.
El Ministerio Público, además, ha sido señalado por su trato despectivo y violento hacia las víctimas, quienes son gritadas por las fiscales y obligadas a enfrentarse a un sistema judicial retrógrado y sexista.
La desaparición de casi 300 organizaciones feministas desde 2018 refleja el objetivo del régimen de debilitar las redes de apoyo a las mujeres, exponiéndolas aún más a la violencia.
Violencia sexual y la falta de protección para las niñas y adolescentes
La violencia sexual, particularmente contra niñas y adolescentes, es otro de los aspectos más graves señalados en el informe. El 83% de las víctimas de violencia sexual en Nicaragua son niñas entre 0 y 17 años.
A pesar de la evidente prevalencia de abusos sexuales, el Estado ha fallado en implementar políticas efectivas para proteger a las menores, y el acceso a armas y químicos por parte de los agresores evidencia la falta de regulación en este ámbito.
Además, la criminalización del aborto, que sigue siendo ilegal en Nicaragua, ha convertido a muchas adolescentes en madres forzadas, incluso en casos de violación sexual.
“En Nicaragua continúa prohibido el aborto terapéutico y la interrupción voluntaria del embarazo. Así, muchas niñas y adolescentes son forzadas legalmente a ser madres, incluso en contextos de violación sexual. Los organismos internacionales de derechos humanos han hecho llamados reiterados al Estado de levantar esta criminalización, sin embargo, Nicaragua los ha rechazado bajo argumentos varios incluso centrados en el providencialismo”, apunta CALIDH.
El abordaje mediático y la normalización de la violencia
El informe también denuncia cómo los medios oficialistas contribuyen a la normalización de la violencia de género, en especial del femicidio. En lugar de tratar estos crímenes como lo que son —manifestaciones extremas de violencia machista—, los medios tienden a justificar al agresor y a minimizar la responsabilidad del Estado.
La violencia se presenta a menudo como parte de un “conflicto familiar” o como un “crimen pasional”, desviando la atención de la verdadera causa: el machismo estructural que permea la sociedad nicaragüense.
Violencia política: un factor agravante
El informe también aborda el impacto de la violencia política sobre las mujeres. Las activistas feministas, periodistas y lideresas políticas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos forzados, y sus familias han sido sometidas a una violencia emocional y psicológica extrema.
Niñas y adolescentes han presenciado la detención de sus madres, lo que deja cicatrices profundas en su desarrollo y bienestar.
El informe de CALIDH deja claro que el Estado nicaragüense ha fallado en proteger a las mujeres, las adolescentes y las niñas de la violencia estructural que enfrentan en todos los ámbitos de la vida.
La impunidad, la complicidad del régimen con los agresores y la falta de un sistema de justicia efectivo perpetúan el sufrimiento de las víctimas, mientras que el desmantelamiento de las políticas públicas que alguna vez existieron para protegerlas deja a las mujeres desprotegidas y vulnerables.
“Al Centro le preocupa los efectos en las niñas, niños y adolescentes que no están con sus mamás por causas políticas. En una dinámica llena de crueldad un porcentaje alto de las niñas, niños y adolescentes han presenciado la detención de sus madres o familiares, una violencia con consecuencias profundas y sin duda duraderas”, concluye CALIDH.