El 6 de marzo de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó la Ley Electoral 1242, una reforma que modifica radicalmente el sistema electoral del país.
En un análisis, realizado por el observatorio Urnas Abiertas, destaca cómo la nueva legislación es un ajuste totalitario que refuerza la discrecionalidad del poder electoral, desmantela la justicia electoral y elimina el pluralismo político.
De esta forma, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolida aún más su control absoluto sobre el país.
Cambios clave en la Ley Electoral
La nueva Ley Electoral 1242 consta de 162 artículos, resultado de una profunda modificación del marco legislativo previo. De los 140 artículos que permanecen en línea con la legislación anterior, 86 (un 61%) han sido modificados, lo que refleja un claro ajuste a los intereses del régimen.
Además, 45 artículos han sido eliminados y 22 incorporados, generando un texto completamente nuevo que favorece la consolidación de un sistema electoral totalmente controlado por el gobierno.
Uno de los cambios más notorios es la modificación en la estructura de los órganos del Estado. Ahora, la Presidencia se conformará por un co-presidente y una co-presidenta, quienes coordinarán los demás órganos del Estado, según lo estipula la nueva Constitución.
Asimismo, se extiende el período de los cargos electos a seis años, un modelo que solo comparten México y Venezuela en América Latina.
La falacia de la “democracia directa”
El régimen ha intentado justificar la reforma electoral bajo el pretexto de garantizar el ejercicio efectivo del “Poder del Pueblo”, utilizando la falacia de la democracia directa. Sin embargo, la eliminación de los artículos que regulaban el plebiscito y el referendo elimina cualquier mecanismo de consulta popular, restringiendo la participación política a un modelo de democracia representativa controlado por el régimen.
El artículo 2 de la Constitución de 2025 establece que la soberanía reside en el pueblo, pero Urnas Abiertas afirma que esto contrasta con la práctica de eliminar los medios para que el pueblo pueda decidir sobre temas cruciales, como se evidencia en la eliminación de los referendos y plebiscitos que permitían la consulta directa a la ciudadanía.
Discriminación en el uso de bienes del Estado
Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva Ley Electoral es la legalización del uso de bienes del Estado para fines de propaganda política, lo que refuerza el control del FSLN sobre los recursos públicos. Esta medida, eliminando las restricciones previas sobre el uso de recursos del Estado, permite al régimen hacer proselitismo político con los recursos públicos, garantizando su hegemonía en el proceso electoral.
Supresión del sufragio en el extranjero
Otra modificación clave es la eliminación del derecho al voto de los nicaragüenses en el exterior. La Ley Electoral 1242 elimina el artículo 109 de la legislación anterior, que garantizaba el sufragio de los ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero, lo que afecta a cientos de miles de migrantes que se han visto obligados a abandonar el país debido a la represión política.
Desmantelamiento de la justicia electoral
Uno de los cambios más graves es la eliminación de la justicia electoral, un pilar fundamental para garantizar procesos transparentes y libres de irregularidades.
La nueva ley otorga al Consejo Supremo Electoral (CSE) el poder absoluto de tomar decisiones, sin posibilidad de apelación fuera del sistema electoral. Con esta medida, se elimina la independencia judicial y se crea un sistema electoral sin mecanismos de control externos.
La eliminación de la posibilidad de impugnar las decisiones del CSE y la desaparición de la figura de los tribunales independientes para la resolución de conflictos electorales son ejemplos claros de cómo el régimen busca consolidar su control absoluto sobre los comicios.
Los partidos políticos, al no poder recurrir a tribunales externos, quedan a merced de un CSE completamente subordinado al orteguismo.
El fin del pluralismo político
La nueva Ley Electoral también marca un ataque directo al pluralismo político en Nicaragua. Los partidos políticos ahora deben alinearse con los principios de la Constitución, lo que incluye la obligación de aceptar valores cristianos y socialistas como principios fundamentales.
Esta imposición ideológica busca eliminar cualquier tipo de oposición al régimen y consolidar un sistema en el que los partidos políticos se convierten en meros instrumentos del FSLN.
Además, se incrementan las causales para la cancelación de la personería jurídica de los partidos, lo que abre la puerta a la eliminación de aquellos que no se alineen con los intereses del régimen. Esto refuerza la idea de un partido hegemónico, donde la oposición es débil, controlada y subordinada.
La consolidación de un sistema electoral opaco
La falta de transparencia y la discrecionalidad continúan siendo características predominantes del sistema electoral bajo el régimen de Ortega y Murillo. Aunque se extiende la duración de la campaña electoral a 60 días, no se establece una regulación clara sobre los plazos ni sobre el uso de los medios de comunicación, lo que deja en manos del CSE la capacidad de fijar las reglas de cada proceso electoral sin ningún tipo de control o supervisión.
El análisis de Urnas Abiertas concluye que la nueva Ley Electoral 1242 no introduce ninguna mejora significativa en términos de democracia o transparencia. Más bien, refuerza las prácticas totalitarias del régimen Ortega-Murillo, eliminando los mecanismos de control, reduciendo las posibilidades de participación política y consolidando un sistema en el que las decisiones son tomadas exclusivamente por los dictadores.
Esta ley no solo refuerza la discrecionalidad y la falta de transparencia en la administración electoral, sino que también destruye las bases de un sistema electoral plural y justo, desmantelando cualquier vestigio de competencia política en Nicaragua.