La reciente revocación del Parole Humanitario, que afecta a miles de nicaragüenses y otras nacionalidades en Estados Unidos, ha generado preocupación y confusión sobre las alternativas disponibles para quienes buscan protección y nuevas oportunidades en el país norteamericano.
En una entrevista con La Mesa Redonda, Muriel Sáenz, representante de la Alianza de Derechos Humanos Nicaragüense-Americana NFC, compartió su análisis y preocupaciones sobre la suspensión del Parole Humanitario y sus efectos en los migrantes que llegaron a Estados Unidos bajo este permiso temporal.
Impacto de la decisión y cifras de afectados
Sáenz explicó que la decisión de revocar el Parole Humanitario afectará principalmente a aquellos migrantes que ingresaron al país bajo este programa, el cual permitía a los solicitantes residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos por dos años.
Según cifras recientes del Departamento de Seguridad Nacional, más de 90,000 nicaragüenses se beneficiaron de este permiso. El programa incluye también a cubanos, haitianos y venezolanos, siendo un total de aproximadamente 530,000 personas afectadas.
A partir del 24 de abril, los beneficiarios del Parole Humanitario deberán abandonar Estados Unidos si no han ajustado su estatus migratorio. En caso contrario, corren el riesgo de ser deportados o de permanecer en Estados Unidos de manera irregular.
¿Qué opciones tienen los afectados?
Muriel Sáenz destacó que, a pesar de la revocación del Parole Humanitario, existen alternativas legales para quienes no desean regresar a sus países de origen o que temen por su seguridad.
Una de estas opciones es la solicitud de asilo político, un derecho humano que permite a las personas que enfrentan persecución en su país de origen solicitar protección en Estados Unidos.
“Todas las personas siempre tienen el derecho humano de pedir y solicitar un asilo en el país que estén, incluyendo en los Estados Unidos, eso es un derecho humano que ninguna ley puede quitárselo”, afirmó Sáenz.
Además, aquellos que logren ajustar su estatus migratorio a otras visas, como una visa de trabajo, podrán continuar residiendo en Estados Unidos sin riesgo de deportación.
Sáenz también recordó que los solicitantes de asilo deben cumplir con plazos específicos para hacer su solicitud, y aunque el proceso puede ser largo y complejo, existe la posibilidad de que se otorgue un estatus migratorio temporal mientras se resuelve el caso.
El desafío de realizar la solicitud de asilo
Para aquellos interesados en solicitar asilo, Sáenz destacó la importancia de hacer este trámite de manera correcta. Aunque llenar la aplicación de asilo puede ser un proceso técnico y detallado, la abogada explicó que, una vez completado el formulario y entregado a las autoridades migratorias, los solicitantes recibirán un recibo que les permite permanecer en el país mientras se resuelve su caso.
Este recibo actúa como una protección contra una posible deportación.
No obstante, los solicitantes deben estar preparados para un proceso largo, que puede demorar de 2 a 3 meses en reunir la documentación necesaria, además de los gastos legales que pueden oscilar entre 3,000 y 5,000 dólares.
Sáenz enfatizó que su organización ofrece servicios legales más accesibles que los abogados privados, cuyo costo puede superar los 10,000 dólares.
Alternativas para quienes no pueden solicitar asilo
El Registro Federal de la nueva disposición ejecutiva de Trump, que será publicado el 25 de marzo, establece que aquellos que no ajusten su estatus dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, deberán abandonar el país.
Para los nicaragüenses que aún no han solicitado asilo, el Parole Humanitario no se renovará, y si no logran cambiar su estatus, enfrentarán la deportación.
Sáenz también destacó que aquellos que ya han sido aceptados como refugiados o han cambiado su estatus a una visa de trabajo no estarán sujetos a la revocación del Parole Humanitario. Sin embargo, aquellos que no han iniciado su proceso de ajuste de estatus podrían ser deportados si no logran obtener un nuevo estatus legal a tiempo.
Sáenz hizo un llamado urgente a los nicaragüenses y otros migrantes que se encuentran en esta situación a buscar asesoría legal adecuada para ajustar su estatus migratorio lo más rápido posible. Además, destacó el trabajo de su organización, que está ampliando su equipo para poder atender a un mayor número de casos.
“Estados Unidos desde un principio solamente les permitió entrar al país por dos años y esto se llama ‘libertad condicional’, si una persona está con ese permiso puede quedarse por dos años; pero si el país dice ‘discúlpennos pero ya no queremos que estén aquí’, esas personas tienen que salir, migración los puede detener y los puede deportar inmediatamente”, aseveró Sáenz.
Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a Estados Unidos bajo este programa.