La Fundación del Río denunció el aumento del deterioro ambiental en la Reserva Biológica Indio Maíz. Utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y la confianza de la población local, la organización ha logrado mantenerse activa en la protección de esta invaluable área protegida, que está siendo devastada por la minería ilegal.
En 2022, la Fundación del Río alertó sobre la aparición de un nuevo sector de minería ilegal conocido como Las Cruces en la reserva. Desde entonces, la situación ha empeorado drásticamente. En 2025, el área de extracción se ha expandido significativamente, abarcando alrededor de 250 hectáreas, lo que equivale a unos 350 campos de fútbol.
Este aumento en la actividad minera ha resultado en la construcción de aproximadamente 724 champas de plástico y zinc, que los invasores, conocidos como “güiriseros”, han erigido en la zona.
Los güiriseros han dividido el sector en tres áreas conocidas como “Nueva Managua” o “Managüita”, “Siuna” y “Bonanza”. Se estima que la población fija supera las 3,000 personas, además de trabajadores y comerciantes temporales.
La Fundación precisó que en este campamento minero, se observan graves problemas sociales, como la presencia de bares, prostitución y una creciente venta de drogas, incluidas sustancias como crack y cocaína, que provienen de Costa Rica.
Los insumos utilizados en la minería, como maquinaria pesada, motores estacionarios, balines, tombolas, y productos químicos como mercurio y cianuro, también están siendo introducidos en la zona desde el vecino país. Los víveres y productos de primera necesidad se transportan en lanchas desde la ciudad de El Castillo, y luego se distribuyen a pie hasta el corazón de la mina.
Falta de intervención de las autoridades
A pesar de las denuncias públicas y los informes de la Fundación sobre la situación, la Policía, el MARENA (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) y el Ejército de Nicaragua han mostrado una alarmante falta de intervención en la zona. Incluso, cuando se producen muertes violentas en el sector de Las Cruces, como el asesinato de Milton José Aragón el 29 de enero de 2025, las fuerzas armadas únicamente cierran temporalmente el transporte fluvial en la zona, sin tomar medidas contundentes para frenar la actividad minera ilegal.
Entre los incidentes más trágicos reportados, destacan los asesinatos de Ariel López Pérez, quien mató a una niña de un año en diciembre de 2024, y el caso de Manuel de Jesús Cano y Yajaira Sevilla, asesinados en octubre del mismo año. La creciente violencia es una consecuencia directa de la falta de control en la zona y la inacción de las autoridades.
Un nuevo sitio minero dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz
Los monitoreos continuos de la Fundación del Río han revelado la existencia de un nuevo sitio de minería ilegal dentro de la Reserva y dentro del Territorio Rama y Kriol, ubicado a orillas del Río Caño Negro. Conocido como “Piedra Fina”, este sector alberga dos puntos de extracción artesanal, donde el oro es procesado mediante el uso de tómbolas. El oro obtenido es posteriormente vendido en el municipio de El Castillo.
Este sitio minero está ubicado 11 kilómetros al noroeste de Las Cruces, y se está construyendo un camino para conectar ambos puntos de extracción, lo que podría aumentar aún más la actividad minera en la zona.
Este nuevo hallazgo suma un cuarto punto de extracción ilegal dentro de la Reserva y un tercer punto dentro del Territorio Rama y Kriol.
Las imágenes satelitales comparadas entre 2023 y 2024 muestran un claro aumento de la deforestación y la invasión de la Reserva y el Territorio Rama y Kriol, lo que refleja la rápida expansión de la minería ilegal en estos lugares.
La actividad minera ilegal está teniendo consecuencias devastadoras en la Reserva Biológica Indio Maíz. La contaminación del agua con mercurio y cianuro, la deforestación masiva y la pérdida de biodiversidad son solo algunos de los efectos más visibles de esta actividad.
De acuerdo con la legislación ambiental de Nicaragua, tanto la Ley N° 217, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como el Reglamento N° 01-2007 de Áreas Protegidas, prohíben la minería dentro de las Reservas Biológicas. Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo ha demostrado su negligencia frente a la protección de la Reserva Biológica Indio Maíz, permitiendo que continúe el saqueo de sus recursos naturales.
La Fundación del Río también denuncia que el régimen sigue solicitando financiamiento internacional para “proteger nuestras reservas”, pero sin tomar medidas concretas para detener las actividades destructivas. La comunidad internacional debe ser consciente de esta situación y abstenerse de seguir financiando al régimen Ortega-Murillo hasta que no existan avances reales en la protección del medio ambiente.
La Fundación del Río hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que detenga el financiamiento al régimen Ortega-Murillo, que sigue permitiendo la minería ilegal y la destrucción del medio ambiente.