La investigación judicial abierta en Argentina contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad se gestó en un aula universitaria durante la pandemia del COVID-19, según relató el abogado Darío Richarte en un foro internacional celebrado en Miami.
En el marco del evento “Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua”, organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID), el abogado Darío Richarte, profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que fue en las oficinas del IID donde se sostuvieron las primeras reuniones que darían pie al caso. “Este lugar fue donde de alguna manera empezó todo”, sostuvo.
La iniciativa surgió en 2020, durante una clase virtual sobre el Estatuto de Roma. Un grupo de estudiantes interpeló a Richarte: “Usted que le va tan bien en la profesión de abogado, ¿por qué no hace algo?”.
Aquel llamado, dijo, se transformó en el impulso de una denuncia internacional basada en el principio de jurisdicción universal.
Ese principio, recordó, permite juzgar crímenes como los de lesa humanidad aunque no hayan ocurrido en el país donde se presenta la demanda, siempre que existan condiciones como la falta de justicia independiente en el país de origen, y que dicho Estado no forme parte del Estatuto de Roma. Nicaragua, dijo, cumple con ambos requisitos.
Richarte destacó que se trató de un trabajo completamente pro bono, independiente de su rol como docente. “Las dictaduras son dictaduras, no importa si son de derecha o de izquierda”, afirmó.
La denuncia fue presentada en silencio en agosto de 2022. El caso se fortaleció con informes de organismos internacionales y medios de comunicación, que documentaron abusos del régimen. En octubre de ese año, el juez federal Ariel Lijo resolvió abrir formalmente la investigación.
Entre los elementos clave considerados por el juzgado estuvo la “ley de amnistía” impuesta por Ortega, que impide procesar judicialmente a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
“Una muestra más de su absoluta omnipotencia para decir que nadie va a juzgarnos”, señaló Richarte.
A medida que aumentaban los atropellos, se amplió el expediente: persecución a pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe, anulación de personerías jurídicas, desnacionalización de ciudadanos y prisión de opositores.
“Si la dictadura seguía cometiendo crímenes, nosotros seguíamos denunciando”, dijo.
El caso fue tomando repercusión internacional, aunque en Argentina se mantuvo bajo perfil. “Eso es lo que queríamos: que la justicia trabaje tranquila”, sostuvo Richarte.
El expediente acumuló documentos, testimonios y pericias. En diciembre de 2023 se solicitó la emisión de órdenes de captura internacional contra decenas de funcionarios del régimen, incluyendo al propio Ortega y a Murillo.
Actualmente, Interpol trabaja en la identificación de los requeridos. La denuncia también solicita ampliar la lista de acusados. “Algunas de esas personas son muy públicas, pero otras no”, dijo.
“No fue algo personal”, concluyó Richarte. “Nosotros somos simplemente un granito de arena para ayudarlos a ustedes, que son los que verdaderamente sufrieron”.
*Con Infobae