Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron este jueves “plenos poderes” a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo, para suscribir con Rusia un acuerdo de “protección” recíproca contra los “abusos” en materia de justicia internacional.
A través de un acuerdo publicado en La Gaceta, Ortega y Murillo otorgaron “plenos poderes” a su hijo para que actuando en nombre y representación del régimen suscriba el convenio con Moscú.
En ese sentido, el régimen suscribió el “Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la Justicia internacional”.
También el “Acuerdo de cooperación entre la organización autónoma sin fines de lucro ‘Agencia de Industrias Creativas’, de Rusia, y la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República de Nicaragua”.
Laureano Ortega Murillo, se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de “serias violaciones contra los derechos humanos” de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021.
Considerado como el ‘delfin’ por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con la República Popular China, Rusia y Bielorrusia, por encima del sancionado canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y del titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo.
El pasado 5 de octubre, Valdrack Jaentschke, dijo que el régimen trabaja “de la mano” con Rusia “por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar”.
Régimen ante la justicia internacional
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta múltiples procesos y denuncias ante instancias internacionales por presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde 2018.
Corte Penal Internacional (CPI)
Aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, la CPI no tiene jurisdicción directa sobre su territorio, existen vías para investigar a individuos responsables de crímenes internacionales graves. Organizaciones como el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) han solicitado al fiscal de la CPI que investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y la desnacionalización de opositores.
Además, el Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a que remitan la situación de Nicaragua a la CPI, destacando la represión sistemática contra manifestantes, defensores de derechos humanos y líderes religiosos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
La Corte IDH ha recibido múltiples casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En noviembre de 2022, declaró al Estado nicaragüense en desacato por no cumplir con resoluciones que exigían la liberación de presos políticos y la protección de defensores de derechos humanos.
Jurisdicción Universal: Caso en Argentina
En diciembre de 2024, un juez argentino ordenó la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por presuntos crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, bajo el principio de jurisdicción universal. La denuncia fue presentada en 2022 y culminó con una investigación que implicó a una docena de colaboradores del régimen.