La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), conformada por diversas organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresó su respaldo al grupo de periodistas nicaragüenses exiliados que se encuentran en situación de “apatridia de facto”.
Los comunicadores —Carmen Lucía Navas Galeano, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Vallecillo—, fueron despojados de su documentación oficial y enfrentan la negativa del régimen a renovar sus pasaportes y documentos de identidad.
Según la denuncia, el régimen les ha confiscado sus pasaportes, prohibido el ingreso a territorio nicaragüense y negado la entrega de partidas de nacimiento y cédulas de identidad, lo que los coloca en una situación de “muerte civil” que, advierte, no debe ser tolerada por la comunidad internacional.
La organización recordó que, desde antes de abril de 2018, el periodismo independiente ha sido objeto de ataques y represión por parte del régimen Ortega-Murillo.
Tras el estallido de las protestas cívicas ese año, el régimen intensificó su persecución contra la prensa: censuró medios de comunicación, confiscó equipos, destruyó instalaciones y obligó al exilio a más de 290 periodistas, según cifras de PUDE.
“Los periodistas independientes nicaragüenses han sido quienes han alzado su voz ante la comunidad internacional para denunciar las graves violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua”, destacó la organización.
El grupo de comunicadores hizo un llamado a los gobiernos de España, Argentina, Chile y México —países que han ofrecido nacionalidad a nicaragüenses desnacionalizados— para que los incluyan en sus programas de protección internacional.
PUDE respaldó este pedido y exhortó a los organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos democráticos de la región y organizaciones defensoras de la libertad de expresión a “atender con carácter de urgencia” la situación de estos periodistas.
“Esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que representa un ataque directo a la libertad de prensa, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial”, alertó PUDE en su pronunciamiento.
La plataforma insistió en que la represión transnacional impulsada por el régimen sandinista, a través de leyes diseñadas para silenciar al periodismo independiente, constituye una amenaza a la democracia y a los derechos humanos.
“La realidad que enfrentan estos comunicadores refleja la situación de cientos de nicaragüenses despojados de su nacionalidad, su hogar y sus derechos humanos básicos”, subrayó la organización.