Varios movimientos y organizaciones políticas y sociales nicaragüenses dirigieron una carta pública a la 55ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 25 al 27 de junio en Antigua y Barbuda, para manifestar su profunda preocupación por la exclusión del tema de Nicaragua de la agenda oficial del foro multilateral.
En la misiva, las organizaciones denuncian que, aunque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo separó a Nicaragua de la OEA en 2021, el Estado nicaragüense no está exento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ni de la vigilancia internacional sobre sus acciones represivas.
Las organizaciones recordaron que en enero de 2025, la Secretaría General del organismo denunció las reformas constitucionales impuestas por el régimen como una “institucionalización de una dictadura matrimonial”.
También alertan que la represión del régimen ha traspasado fronteras, mencionando el reciente asesinato del mayor en retiro y opositor nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en San José, Costa Rica.
Su caso se suma al de Rodolfo Rojas, Jaime Chavarría y Erick Castillo, también asesinados en el exilio, lo que según los firmantes demuestra la existencia de una estrategia transnacional de persecución.
Solicitudes a la Asamblea General
La carta, respaldada por seis organizaciones de Nicaragua, exige a la Asamblea General de la OEA que:
- Reincorpore formalmente el tema de Nicaragua en la agenda de deliberación y resolución del organismo.
- Reitere y fortalezca el mandato del Grupo Voluntario de Seguimiento, incrementando su capacidad para monitorear la situación de derechos humanos en el país.
- Adopte y promueva las recomendaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), entre ellas:
- La activación de mecanismos de justicia internacional, amparados en el principio de jurisdicción universal.
- La protección efectiva de personas apátridas, expulsadas o impedidas de regresar a su país.
- La aplicación de condicionalidades a los créditos otorgados por organismos financieros internacionales al régimen nicaragüense, supeditando su desembolso al cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.