El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, instó a refugiados y exiliados que se sientan vigilados o amenazados a acudir a la Unidad de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tras el homicidio del mayor retirado nicaragüense Roberto Samcam el pasado 19 de junio en Moravia, San José.
“El modelo de seguridad costarricense se proyecta sobre el 100% de los pobladores y no discrimina entre refugiados y no refugiados”, afirmó Zamora en un comunicado de la Presidencia del 8 de julio, citado por el diario costarricense La Nación.
La recomendación del jerarca se produjo en medio de crecientes críticas de activistas, exiliados nicaragüenses y excancilleres, inquietos por la aparente inacción de las autoridades ante presuntas incursiones de células del régimen Ortega-Murillo en territorio costarricense.
Además del asesinato de Samcam, en 2021 y 2024 el también opositor Joao Maldonado sufrió atentados en suelo tico que reforzaron los temores de la comunidad exiliada.
Consultado por La Nación sobre la posible motivación política del crimen, Zamora respondió por correo electrónico que “podría existir la hipótesis de causas políticas provenientes de un tercer Estado”, pero que corresponderá al OIJ determinar si hay elementos suficientes para calificarlo como crimen político.