José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se refirió este viernes a la carta en la que siete senadores de Estados Unidos pidieron a la administración de Donald Trump aplicar sanciones contra miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía del régimen de Daniel Ortega, por ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Al respecto, Pallais sostuvo que la carta dirigida al secretario de Estado Michael Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin, muy probablemente será atendida por la importancia que tienen los firmantes, en este caso Ted Cruz, Marco Rubio, James E. Risch, Christopher S. Murphy, Benjamin L. Cardin, David A. Perdue y James Lankford.
“Muy probablemente será escuchado por la importancia que tienen los firmantes y es muy posible que estén considerando en algún tiempo prudencial ampliar las sanciones al Poder Judicial y al Ministerio Público”, dijo Pallais.
La petición de los senadores es apoyo de acciones adicionales para “alentar reformas electorales oportunas en Nicaragua y responsabilizar a los miembros del régimen de Ortega por permitir graves violaciones de los derechos humanos y destruir las instituciones democráticas en Nicaragua”, argumentaron.
Los siete senadores señalan que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía actúan como un “brazo político” y son “cómplices” del régimen Ortega-Murillo en su represión y “preservación del poder”.
Aseguraron que organismos internacionales de derechos humanos han documentado que la Fiscalía y los jueces “bajo la influencia del Partido FSLN de Ortega han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos armados progubernamentales y la Policía Nacional contra manifestantes y sus partidarios”, por ello piden que Estados Unidos utilice las herramientas disponibles en la Sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) y la Orden Ejecutiva 13851 para responsabilizar a los miembros del Poder judicial, incluidos individuos en la Fiscalía, la Fiscalía General y el sistema judicial.
Pallais destacó que los senadores firmantes son tanto republicanos como demócratas, por lo que “estamos viendo que las resoluciones del Poder Legislativo de Estados Unidos están siendo suscritas por ambos partidos. Son documentos bipartidistas”.
Agregó que la solicitud se basa en que el Poder Judicial y el Ministerio Público han perdido su independencia y se han convertido en un instrumento de Ortega para castigar a los disidentes.
Hasta la fecha 20 funcionarios orteguistas han sido sancionados por Estados Unidos y otros países, acusándolos de violadores de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, asesinatos y torturas.