La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la crisis que inició en abril de 2018. La funcionaria de la ONU fue clara: “las violaciones a derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”.
Bachelet expresó su preocupación por los asesinatos de campesinos en las zonas rurales del país, así como la falta de diligencias investigativas por parte de las autoridades para castigar y detener estos hechos.
“Mi oficina no se conoce ninguna investigación penal abierto contra oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos del 2018”, destacó.
“El derecho a la protesta pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo”, dijo Bachelet.
Denunció que los paramilitares de Daniel Ortega “siguen operando impunemente para asediar e intimidar a defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la iglesia católica, personas excarceladas y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Esto incluye detención arbitraria por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y mandato de las autoridades estatales”.
Asimismo, señaló que los pueblos indígenas siguen siendo invadidos por los colonos.
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Por otro lado, mencionó que la economía de Nicaragua se contrajo en un 5.7% y la inflación y el desempleo informal aumentaron. Hasta diciembre de 2019 más de 98 mil nicaragüenses habían huido del país, subrayó.
La Alta Comisionada hizo un llamado urgente a Ortega a acatar las recomendaciones que su organismo le planteó hace más de un año. “Le hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas”, demandó.
“Reitero al gobierno para que permita el retorno de mi oficina al país” y monitorear in situ la situación de derechos humanos, devolver los medios confiscados en diciembre de 2018, restablecer las libertades públicas y reanudar el diálogo con la oposición. Además, pidió avanzar en las reformas electorales que garanticen unas elecciones “justas, creíbles y transparentes”.