Nicaragua es uno de los tres países de América donde no hay libertad, según el informe Libertad Global 2020, de la organización Freedom House (FH). Junto a esta vergonzosa clasificación están Venezuela y Cuba, de una lista de 49 naciones en esta categoría.
La escala evaluativa de FH otorga las denominaciones de Libre, Parcialmente libre y No libre para definir en cuáles naciones ha disminuido más la libertad global en los diez últimos años.
“Freedom House encontró que 2019 fue el decimocuarto año consecutivo de disminución de la libertad global. La brecha entre los reveses y las ganancias se amplió en comparación con 2018, ya que las personas en 64 países experimentaron un deterioro en sus derechos políticos y libertades civiles”, señala el prólogo del informe firmado por la ejecutiva Sarah Repucci.
Con respecto a Nicaragua, el informe destaca que al llegar el dictador Daniel Ortega al poder en 2007, “comenzó un período de deterioro democrático marcado por la consolidación de todas las ramas del gobierno bajo el control de su partido, la limitación de las libertades fundamentales y la corrupción sin control en el gobierno”.
Refiere que, en 2018, la Policía Orteguista y paramilitares respondieron a un movimiento masivo antigubernamental con violencia y represión. “El estado de derecho se derrumbó cuando el gobierno se movió para sofocar el movimiento, con supervisores de derechos que informaron la muerte de al menos 325 personas, detenciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. La crisis continuó en 2019 a medida que continuaron los arrestos arbitrarios y las detenciones, y los opositores percibidos del gobierno informaron vigilancia y monitoreo”.
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Freedom House aseveró que la libertad de reunión se deterioró severamente en 2018, cuando al menos 325 personas murieron y al menos 2,000 resultaron heridas en una feroz represión contra un movimiento de protesta antigubernamental que comenzó en abril, después de que las autoridades anunciaron reformas a la seguridad social; pronto se convirtió en un movimiento antigubernamental más amplio destinado a obligar al régimen a abandonar el poder. La mayoría de los abusos se han atribuido a la policía nacional y a los grupos armados aliados, que el ACNUDH dijo en un informe de agosto de 2018 que operan con «total impunidad». En septiembre de ese año, la Policía emitió una declaración declarando marchas no autorizadas y manifestaciones «ilegales». Desde entonces, la policía ha negado los permisos para manifestaciones públicas y ha ocupado espacios públicos para evitar protestas.
El informe sostiene que debido a que el sistema de justicia y otros organismos públicos generalmente están subordinados a Ortega y al FSLN, “hay pocas posibilidades de que las acusaciones de corrupción contra funcionarios gubernamentales vean una investigación o enjuiciamiento exhaustivo”. Los cargos de corrupción contra funcionarios gubernamentales de alto rango son raros, mientras que los casos de corrupción contra figuras de la oposición a menudo son criticados por estar motivados políticamente.
También menciona que los hijos e hijas de Ortega han sido nombrados para puestos prominentes como embajador y asesor presidencial.
Indica que la prensa nicaragüense se ha enfrentado a un mayor acoso político y judicial desde 2007, cuando Ortega volvió al poder, y su administración realizó esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios. “Los periodistas que cubren la crisis política han sido objeto de amenazas, arrestos y ataques físicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas de protección a varios periodistas a la luz del hostigamiento y las amenazas de muerte”.
La represión de los periodistas se ha agudizado desde que estalló la actual crisis política en 2018. A medida que creció el movimiento de protesta de ese año, el estado ordenó a las compañías de televisión y proveedores de servicios de telefonía móvil que dejaran de transmitir varios canales de noticias independientes a través de sus sistemas, dice el documento.
Asimismo, desde que comenzó la crisis política en 2018, se ha atacado a las iglesias donde se refugiaban los manifestantes antigubernamentales, y los miembros del clero han recibido amenazas y han sido objeto de vigilancia. Ha habido informes de que los simpatizantes de Ortega se han infiltrado en parroquias y han acosado o intimidado a feligreses en los servicios religiosos.
“Los líderes religiosos han criticado los intentos de la administración Ortega de cooptar las creencias religiosas para fines políticos. El gobierno ha requerido que los empleados públicos asistan a festivales religiosos patrocinados por el gobierno, haciéndolos perder eventos oficiales de la Iglesia Católica”, detalla Freedom House.
En 2019, la represión y la intimidación por parte de las fuerzas estatales y progubernamentales contribuyeron a un clima generalizado de miedo y terror que continúa restringiendo la libre expresión. Las familias de las víctimas de la violencia del régimen están sujetas a monitoreo y vigilancia de rutina. En 2019, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH informó preocupaciones sobre discriminación y represalias contra los empleados estatales que no estaban de acuerdo o actuaban en contra de la política estatal, agrega el informe.
El acceso a Internet sigue siendo ilimitado, y muchas personas aún dicen lo que piensan libremente en las redes sociales.
El poder judicial sigue dominado por los nombrados por el FSLN y el PLC, y la Corte Suprema es un organismo en gran parte politizado controlado por jueces sandinistas.
El colapso de las instituciones en 2018, la represión sangrienta de ese año contra los disidentes y la continua represión gubernamental desde entonces han creado un clima de miedo y desconfianza que desalienta la libre circulación.
Los derechos de propiedad están protegidos en papel pero pueden ser frágiles en la práctica. Los títulos a menudo se disputan, y las personas con conexiones con el FSLN a veces disfrutan de una ventaja durante las disputas de propiedad.
El informe termina con una aseveración muy fuerte: “Nicaragua es un país de origen para mujeres y niños forzados a la prostitución”. Y que además, gran parte de la economía es informal, y los trabajadores en estos sectores carecen de protecciones legales asociadas con el empleo formal. El salario mínimo legal es inadecuado para cubrir el costo de los bienes básicos.