La falta de medidas preventivas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua durante a pandemia del COVID-19 ha causado que Costa Rica refuerce la vigilancia en la porosa y extensa frontera común, donde en menos de un mes ha rechazado a más de 5.000 migrantes irregulares.
Las autoridades costarricenses han reforzado la vigilancia en los dos puestos fronterizos oficiales con Nicaragua, así como en algunos “puntos ciegos” identificados por donde suelen ingresar migrantes irregulares.
Este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció que sus agentes se unen al trabajo del Ministerio de Seguridad en la vigilancia de las fronteras.
En Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, viven según datos oficiales, cerca de 400.000 nicaragüenses, cifras que algunas organizaciones no gubernamentales elevan hasta el doble.
Esa cifra puede haber incrementado en al menos 50.000 desde abril de 2018 con la huida masiva de la represión orteguista durante una violenta crisis sociopolítica que aún se mantiene.
El Gobierno costarricense ya ha expresado su preocupación por el abordaje de la pandemia por parte del régimen orteguista que ha decidido no ordenar cuarentenas ni cierres de ningún tipo, y que por el contrario ha motivado a la población a participar en actividades masivas, incluidas marchas y festivales.
“Hemos reforzado las medidas sanitarias vinculadas a temas migratorios, pues lo que hemos hecho bien para proteger a nuestro país no debe verse afectado de ninguna manera por la falta de medidas del Gobierno de Nicaragua”, dijo el martes el presidente costarricense Carlos Alvarado.
El mandatario ya había expresado el pasado 1 de abril que su país ve “con preocupación ese abordaje porque las recomendaciones de la OMS son de distanciamiento social” y aseguró que “convocar marchas y aglutinamiento de personas va en contra de esas recomendaciones”.
Costa Rica recibió al menos 50.000 nicaragüenses que huyeron de la crisis sociopolítica que comenzó en abril 2018 debido a protestas contra Daniel Ortega, y una crisis sanitaria por el coronavirus podría generar una nueva oleada migratoria.
Con el cierre de fronteras para el ingreso de extranjeros decretada a mediados de marzo en Costa Rica y con la paralización de las rutas de buses internacionales, el flujo regular es casi nulo, pero las autoridades mantienen vigilancia marítima terrestre y aérea a lo largo de los 300 kilómetros de frontera, lo que incluye drones y sobrevuelos de aeronaves del Ministerio de Seguridad.
RECHAZOS Y EL CASO DE UNA MENOR EMBARAZADA
Datos de la Dirección de Migración indican que desde que Costa Rica cerró sus fronteras se contabilizan 5.300 rechazos, la mayoría nicaragüenses en condición migratoria irregular.
Las autoridades han reportado que es frecuente observar lanchas con hasta 50 personas navegando el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, en busca de un lugar para atracar en el lado costarricense.
Pese al aumento de la vigilancia, las autoridades han reconocido que es prácticamente imposible controlar los 300 kilómetros de la frontera, especialmente zonas de muy difícil acceso.
La semana pasada una menor de edad nicaragüense embarazada no acompañada ingreso al territorio costarricense con síntomas similares a los del COVID-19.
Las pruebas del virus resultaron negativas y ahora la menor está bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia costarricense y no será deportada.
Ante mensajes xenofóbicos en redes sociales, el ministro de Salud ha hecho un llamado a la población a respetar a los migrantes que habitan en el país.
Con información de EFE