El 30 de abril pasado, 543 profesionales de la salud en Nicaragua le exigieron al régimen de Daniel Ortega que “libere” la realización masiva de las pruebas de COVID-19 tanto a nivel público como privado. Tras ese pronunciamiento algunos de ellos ya fueron amenazados.
Una fuente médica declaró al diario La Prensa que los médicos fueron amenazados y que incluso tres de ellos pidieron ser borrados de la lista por esa razón.
“Sí, han sido amenazados por diferentes vías de los adeptos al gobierno”, dijo otra fuente médica.
El documento que primeramente fue respaldado por 236 especialistas y luego por 543, exigía además transparentar los datos sobre evolución de la pandemia, el establecimiento de un plan de contingencia nacional, suficientes medios diagnósticos, medicamentos, equipos de atención y medios de protección para el personal sanitario.
Los profesionales de la salud, también afirmaron que el MINSA ha generado información confusa sobre las personas afectadas por la infección. “Este tipo de comunicación ha creado desinformación en la población, obstaculizando el manejo responsable de la crisis sanitaria, convirtiéndose más bien en un factor facilitador de la diseminación de la infección”, criticaron.
Advirtieron que, el muestreo a los casos sospechosos “es extremadamente insuficiente para detectar la progresión o desarrollo de la infección, se encuentra centralizado y con criterios arbitrarios y caprichosos para su realización, que persiguen el ocultamiento del estado de la epidemia”.
Los médicos además demandaron al régimen que al informar sobre la pandemia utilice lenguaje técnico y claro. Que establezca públicamente su plan de contingencia ante esta emergencia de salud pública e implemente de inmediato las medidas de distanciamiento social y restricción de reuniones masivas, así como de aislamiento y cuarentena que sean necesarias. Que garantice las medidas de protección adecuadas para todo el personal sanitario de los servicios de atención pública. Que garantice la existencia suficiente de medios diagnósticos, medicamentos y equipos de sostén vital (como ventiladores) a todos los pacientes con COVID-19 que lo ameriten. Que garantice –como el resto de los países del SICA– políticas de reducción o amortiguación del daño a nivel socio-económico (congelamiento de las tarifas de agua, luz, IVA y deudas bancarias, fondos de ayuda, etc.) que permitan un alivio ante la crisis sanitaria a los trabajadores de la salud y ciudadanos en general, así como garantizar la vigencia de los derechos humanos a la población más vulnerable.
Los médicos creen que a pesar del negligente manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, “aún es posible realizar acciones de mitigación que reduzcan el catastrófico impacto en la tasa de letalidad y en el sistema de salud”.