El reciente Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2020 (GRFC, por sus siglas en inglés) de la Red de Información de Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés), indicó que Nicaragua es uno de los cuatro de países del corredor seco de América Central, con una inseguridad alimentaria aguda en medio de la pandemia del coronavirus, lo que profundiza las consecuencias en términos sanitarios, sociales y económicos.
El informe estima que en este 2020, aumentará considerablemente el número de personas con inseguridad alimentaria y nutricional aguda en países que ya padecían esta situación en 2019. Esto significa que se encontraban en una situación extrema dentro del espectro del hambre debido a conmociones o crisis preexistentes, que ahora, en el contexto del COVID-19, podría profundizarse aún más y aumentar su grado de vulnerabilidad.
En el caso de Nicaragua, el documento señala que pese de que en el país se ha reducido sustancialmente la brecha de acceso y disponibilidad alimentos, “aún existen 0.08 millones personas con inseguridad alimentaria aguda o peor que corresponde a 13 personas por cada mil”.
Al respecto, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) destacó que es muy probable que en el contexto del COVID-19, surjan nuevos retos para la producción de alimentos, que repercutirán en un incremento directo del hambre y la pobreza, esta vez, a través de la disrupción de la cadena de distribución de alimentos, conformada por una compleja red de interacciones, en la que participan productores, campesinos, insumos, agroindustrias de transformación, almacenamiento, transporte, comercialización y consumidores.
En términos socioeconómicos, FUNIDES proyecta que las consecuencias de la pandemia podrían ser tan dramáticas ante la falta de mecanismos de protección social y los niveles elevados de informalidad laboral que prevalecen en el país.
“El desempleo y la pobreza podrían incrementarse hasta 10.3 y 36.9 por ciento respectivamente en 2020. Esto expondría a los grupos más vulnerables a una crisis alimentaria y nutricional”, dijo a través de una nota.
FUNIDES resaltó, que la inversión del Estado en la protección de los sistemas alimentarios, es uno de los lineamientos esenciales, no sólo para garantizar la producción y disponibilidad de alimentos, sino también como una estrategia para estimular la economía ante esta crisis.
Mientras que, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), alerta que los precios de los alimentos perecederos (frutas y hortalizas) han empezado a disminuir en las últimas semanas, debido a las bajas ventas reportadas por la cuarentena voluntaria que ha implementado una buena parte de la población.
La FAO recomienda que los responsables de la formulación de políticas alimentarias, deben dirigir esfuerzos para proteger los sistemas alimentarios de sus países, y, por el contrario, no endurecer las condiciones de suministro de alimentos para evitar una potencial catástrofe.
Algunas de las acciones que deben priorizarse para dar alivio tanto a los productores como consumidores, para garantizar el suministro, acceso y disponibilidad de los alimentos en los próximos meses, son: La reducción temporal del IVA y otros impuestos, la revisión de las políticas fiscales aplicadas a los bienes e insumos importados, la prevención de cualquier limitación comercial, el desarrollo de protocolos que permitan movilizar productos alimenticios a las zonas rurales, el acceso a insumos clave asequibles, energía barata y mercados competitivos a todos los niveles.
*Con información de FUNIDES