Una familia ecuatoriana y su representante pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado de Nicaragua por la muerte de Pedro Roche Azaña, y por las heridas que sufrió su hermano Patricio en 1996, cuando la Policía disparó contra un vehículo en el que se movilizaban migrantes.
Los hechos ocurrieron el 14 de abril de 1996 cerca de la frontera de Nicaragua y Honduras, cuando los hermanos ecuatorianos, junto a una treintena de migrantes más se movilizaban en una furgoneta por el territorio nicaragüense como parte de su ruta hacia Estados Unidos.
Según relató Patricio Roche a los jueces ayer en la sede de la Corte en Costa Rica, la Policía disparó contra el vehículo, impactó a su hermano Pedro en la cabeza y le hirió a él de gravedad al igual que a otra decena de migrantes.
Roche contó que su hermano murió de inmediato y que él sufrió heridas en su intestino y en una pierna, lo que causó que estuviera en coma por dos meses, así como una discapacidad permanente que le impide trabajar.
«Se atentó contra la vida de personas, de migrantes, en un hecho que pudo haberse evitado con el uso racional de la fuerza (…). Solicito que se declare internacionalmente responsable al Estado por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial», declaró Patricio Barrera, representante legal de la familia Roche Azaña.
Por su parte, Angelita Azaña, madre de Pedro y Patricio, afirmó a los jueces que sus hijos no cometieron delito alguno como para que la Policía les disparara, ya que solo querían ir a trabajar a Estados Unidos ante la pobreza en la que vivían en Ecuador.
La mujer, quien pidió justicia a los jueces, relató que su familia se dedicaba a la agricultura y la ganadería, y que perdió sus tierras por los gastos que le generó la muerte de Pedro y la atención médica de Patricio.
La representación de las víctimas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano encargado de presentar la demanda ante la Corte, afirmaron que los hechos se mantienen en la impunidad, pues los policías fueron absueltos por un juez en un proceso judicial en el que no se tomó la declaración del sobreviviente Patricio Roche.
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La CIDH además aseguró que el uso de la fuerza por parte de la Policía fue «desproporcionado».
Por su parte, el agente del Estado nicaragüense, Hernaldo Chamorro, afirmó que no existió una ejecución extrajudicial, pues los policías realizaban un operativo contra el contrabando aduanero, desconocían que en el vehículo se movilizaban migrantes y dispararon debido a que el vehículo intentó arrollarlos.
«No se le debe atribuir responsabilidad al Estado por los lamentables sucesos. De las evidencias que las partes aportaron es un hecho que se realizaron todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos y conforme a esas diligencias resulta desacertado aducir que los hechos quedaron en total impunidad», declaró Chamorro.
El agente estatal aseguró que los hechos fueron investigados y judicializados y que «el hecho de que los policías no hayan sido declarados culpables no significa una vulneración de los derechos».
Tras la audiencia de este martes, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte Interamericana podrá emitir una sentencia en cualquier momento.
Con información de EFE