La Iniciativa del Decreto Legislativo de aprobación del “Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento, y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia”, que fue aprobado este martes por la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional fue enviada a esta el pasado 21 de enero por Daniel Ortega.
El documento señala que el objetivo del convenio es “favorecer la investigación, aseguramiento y obtención de pruebas entre las autoridades competentes de los Estados Iberoamericanos, como un medio para fortalecer y agilizar la cooperación en materia de Ciberdelincuencia”.
Pese a que este acuerdo fue firmado por Nicaragua en el año 2014, junto a otros países iberoamericanos como Perú, Paraguay y Uruguay, fue hasta hoy martes que el régimen orteguista estableció “la utilidad” de este convenio.
Sectores de la oposición señalan que el régimen pretende utilizar estos mecanismos internacionales bajo la discrecionalidad del Estado, y controlar a los usuarios de Internet, y que además da la potestad a la Policía Orteguista a decomisar aparatos que almacenen datos como celulares, computadoras y memorias, e intervenir comunicaciones.
Un experto en el tema opina que este acuerdo “no es un nuevo instrumento represivo de la dictadura, sino una normativa internacional, pero como no hay Estado de Derecho en nuestro país, sino la ley de la selva, el régimen actúa de hecho como mejor le conviene”.
“Por ejemplo, la incautación de dispositivos susceptibles de guardar información como discos duros y teléfonos celulares es algo que viene haciendo la dictadura desde antes del 2018”, dijo la fuente.
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