La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, Panamá y República Dominicana (OACNUDH) expresó su preocupación por la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua.
“Lamento que el Estado de Nicaragua no hubiera tomado en cuenta nuestras observaciones ni accedido a nuestro ofrecimiento de brindar asistencia técnica a la Asamblea Nacional con el propósito de alinear el proyecto de ley con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, declaró Alberto Brunori, Representante de la Oficina Regional.
Naciones Unidas dijo que la ley aprobada “impondrá restricciones indebidas a personas naturales y jurídicas que reciban fondos provenientes del extranjero. No obstante, se hayan incorporado algunas excepciones a su ámbito de aplicación, la norma en cuestión puede comprometer la libertad de asociación, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, entre otros derechos, al contrariar una serie de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos. Asimismo, los derechos políticos podrían verse perjudicados de cara al proceso electoral de 2021”.
Agregó que este tipo de normas podría –entre otros peligros– promover la estigmatización y hostigamiento de beneficiarios de financiación extranjera. “Basar el fundamento de esta ley en la protección de la soberanía nacional no es aceptable como argumento legítimo para limitar la libertad de asociación”, expresó Brunori.
El organismo agregó que la amplitud de las disposiciones de dicha ley y la “formulación ambigua de parte de su contenido podrían ser utilizadas para perseguir a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas dedicadas a la defensa de derechos humanos, medios de comunicación y otras voces disidentes”.
Naciones Unidas hizo un llamado al Estado nicaragüense para “modificar esta ley, así como para abstenerse de adoptar otras normas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.
“La Oficina reitera al Estado su disposición de brindarle asistencia en la reformulación del proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos cuya aprobación introduciría mayores restricciones al espacio democrático”, añadió.