Nicaragua: de proyecto revolucionario a dinastía autoritaria

*Por Elvira Cuadra Lira | Tomado de NUSO.ORG

Tras la derrota electoral en 1990, Daniel Ortega proyectó su regreso al poder. Para ello, estableció pactos con la vieja política y con el «gran capital». Finalmente, logró su objetivo en 2007 para no irse más: en estos años fue construyendo un poder personal que hoy encabezan él mismo y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. El encarcelamiento de líderes históricos del sandinismo fue el último episodio de una deriva crecientemente dictatorial.

En la década de 1980, mencionar el sandinismo bastaba para concitar un sentimiento de respeto, entusiasmo y solidaridad en una parte importante de la sociedad nicaragüense y en el exterior. Con el tiempo, el apelativo, que originalmente remitía a la revolución popular contra la dictadura de Anastasio Somoza, se recubrió de una oscura sombra hasta provocar un fuerte rechazo en los nicaragüenses y diversos actores internacionales. En la actualidad, el sandinismo que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, el matrimonio presidencial de Nicaragua, encarna un proyecto político dinástico y autoritario que no ha escatimado ningún recurso del poder para entronizarse y permanecer en él, aunque esto signifique aplastar con la violencia los derechos de toda la sociedad nicaragüense.

El decantamiento de la revolución

Los resultados electorales de 1990 se convirtieron en una bofetada de realidad para el sandinismo. Muy seguro de que todo estaba bajo control y de que contaba con un apoyo popular mayoritario, se dispuso a unas elecciones presidenciales que finalmente perdió. Cerca de 80% de los electores fue a votar y Violeta Barrios de Chamorro, la candidata por la Unión Nacional Opositora (uno), ganó con 54% de los votos, mientras que Daniel Ortega, el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), obtuvo 40%. Pocos días después de reconocer su derrota electoral, en una plaza pública, Ortega pronunció ante sus seguidores su famosa frase «Vamos a gobernar desde abajo», anunciando tempranamente su futuro regreso al poder.

La sociedad nicaragüense quedó polarizada y marcada por una enorme desconfianza entre quienes apoyaban el proyecto político de la revolución y quienes sostenían a la uno como la fuerza de oposición ganadora de los comicios. Se pactó la transición entre el gobierno entrante y el saliente, mientras el país se sumía en una ola de conflictos que duró varios años e incluyó el rearme de grupos de ex-combatientes del ejército y la llamada «Contra» (insurgencia antisandinista apoyada desde Estados Unidos), otrora protagonistas del enfrentamiento interno que vivió el país durante la década de 1980 y desplazados de la arena política a un segundo plano luego de las elecciones1.En ese periodo, el fsln sufrió escisiones cuando varios grupos de militantes se separaron del partido por diferencias políticas con el sector encabezado por Ortega; de uno de ellos surgió a mediados de la década de 1990 el Movimiento Renovador Sandinista (mrs), ahora conocido como Unión Democrática Renovadora-unamos. Algunos de sus principales dirigentes eran figuras icónicas de la revolución, como los ex-guerrilleros Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, actualmente encarcelados y condenados por «traición» a la patria, y Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022 en circunstancias no esclarecidas mientras se encontraba enfermo en prisión.

Con un partido con escasas disidencias internas y sin apoyos significativos de la izquierda internacional en crisis, Ortega maniobró para lograr el control del aparato partidario y mantener los espacios de poder en la Asamblea Nacional con una bancada que representaba aproximadamente un tercio de los escaños parlamentarios, el respaldo de los gobiernos locales conquistados y un número importante de organizaciones sociales. Ese apoyo político le permitió posicionarse como el líder de oposición más beligerante del país y avanzar en su plan para recuperar el poder.

El golpe maestro de Ortega fue el acuerdo político que estableció con su adversario Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista (plc) en 2000. El Pacto Alemán-Ortega, como se lo conoce, sentó las bases para su regreso a la Presidencia mediante una reforma a la ley electoral que disminuyó el porcentaje de votos requeridos en primera vuelta y abrió las puertas para que los dos caudillos controlaran los demás poderes estatales, particularmente el Consejo Supremo Electoral (cse) y la Corte Suprema de Justicia (csj), mediante el nombramiento de magistrados leales. El principal ganador fue Ortega.

En esa época, el líder sandinista se enfrentó a la denuncia pública de abuso presentada por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo. El entonces ex-presidente logró evadir a la Justicia y superar el impacto político con el respaldo público de su propia esposa y madre de Zoilamérica, Rosario Murillo, quien después se convirtió en figura clave de su proyecto político dinástico.

El fsln, bajo el control de Ortega, se convirtió en una maquinaria de liderazgo autoritario y personalista, con prácticas populistas, una involución ideológica acelerada y un pragmatismo oportunista que no le hizo dudar en respaldar las reformas económicas de los tres gobiernos neoliberales que se sucedieron entre 1990 y 2007.

La instalación del corporativismo autoritario

Con el camino institucional allanado, Daniel se instaló nuevamente en el sillón presidencial en 2007 cuando ganó las elecciones con 38% de los votos; un porcentaje bajo pero suficiente para darle legitimidad a su gobierno tanto dentro del país como en el exterior. Diversos sectores sociales y económicos se mostraban escépticos y hasta desconfiados de su futura gestión, pero no se atrevieron a cuestionar los resultados electorales y prefirieron darle el beneficio de la duda esperando, según decían, que «aprendiera de los errores del pasado».

Ortega se benefició de algunas tendencias que se potenciaron durante su gobierno hasta antes de 2018, tales como el sostenido crecimiento económico desde los años 90, que entre 2007 y 2017 promedió 4,2%. A diferencia de otros países de la región centroamericana que enfrentaban graves situaciones de violencia e inseguridad, Nicaragua presentaba indicadores de criminalidad y percepción de inseguridad relativamente bajos. Además, pese a los altos niveles de informalidad de la economía, en ese mismo periodo la cantidad de personas activas en la seguridad social se duplicó, pasando de un poco más de 450.000 en 2007 a 900.000 en 20172.Para empujar su proyecto político, el nuevo sandinismo «danielista» dirigió sus esfuerzos en dos direcciones: construir una alianza estratégica con el gran capital privado y el Ejército, y poner en marcha un entramado de dispositivos de vigilancia y control social para contener cualquier expresión de descontento. Esta entente con el gran capital y los militares fue apalancada con los fondos provenientes de la cooperación venezolana. La información sobre estos fondos ha sido manejada como secreto de Estado; sin embargo, algunos economistas e investigaciones periodísticas estiman que cerca de 80% de los más de 3.400 millones de dólares fueron privatizados en un periodo de ocho años a través de un holding de empresas denominado Alba de Nicaragua sa (Albanisa), manejado directamente por familiares y personas de confianza de Ortega y Murillo, su esposa, primera dama y vocera gubernamental3.

La alianza y el llamado modelo de «diálogo y consenso» con el gran empresariado facilitaron el nacimiento y consolidación de un nuevo grupo de poder económico alrededor de la familia Ortega-Murillo, que rápidamente extendió su control sobre sectores sensibles como la distribución de combustibles, así como la generación y distribución de la energía eléctrica, pero también la exportación de café, carne, leche, azúcar, madera y otros productos. Hasta 2018, los empresarios privados gozaron de beneficios fiscales, ocuparon cargos directivos en instancias estatales, contaron con un acuerdo para que los ajustes salariales fueran mínimos, pudieron rechazar reclamos laborales y mantuvieron una oficina de lobby parlamentario a cambio de respaldar políticamente al gobierno4.

La institución militar aprovechó la alianza con Ortega para participar en los negocios que crecieron al amparo de los fondos venezolanos y expandir su red de empresas a través del Instituto de Previsión Social Militar (ipsm), en sectores claves como la construcción y la exportación de madera y carne. En términos políticos, las Fuerzas Armadas mantuvieron su autonomía relativa a cambio de un respaldo político que Ortega sabía le sería útil; de manera que en 2014 reformó el Código Militar eliminando todos los mecanismos de supervisión y control civiles sobre el aparato militar para establecer una línea de mando directamente subordinada a la Presidencia, estableció la permanencia del jefe del Ejército a consideración del presidente y colocó a numerosos oficiales en retiro en puestos claves de instituciones civiles en áreas como la construcción y las telecomunicaciones5.Desde 2007, Ortega avanzó en su control sobre los demás poderes del Estado a través del nombramiento de magistrados leales. El control sobre el órgano electoral ha jugado un papel fundamental en su estrategia de consolidar el proyecto político familiar, pues le permitió reelegirse en 2011 a pesar de que la Constitución lo prohibía expresamente; también facilitó los fraudes electorales que le permitieron controlar la mayoría de las alcaldías y de los escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional. El control se extendió a la Corte Suprema y demás instituciones de la administración de justicia, así como la Contraloría General de la República.

Mientras construía un entramado de relaciones cupulares, Ortega creó un sistema de dispositivos para la represión, la vigilancia y el control social con el propósito de contener cualquier expresión de descontento entre la población. Ese sistema incluía desde instituciones públicas, como la Policía, hasta colectivos paraestatales como los llamados «grupos de choque» –organizados con jóvenes simpatizantes que desde 2008 salieron a las calles a golpear y agredir a ciudadanos que protestaban–, los Consejos del Poder Ciudadano (cpc) y los Comités de Liderazgo Sandinista (cls) organizados en barrios e instituciones públicas para vigilar a las personas desafectas al gobierno.

En cuanto al fsln, el otrora partido de la revolución se degradó aceleradamente para quedar convertido en una maquinaria al servicio del proyecto personal de Ortega-Murillo. Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2016, comenzó a asumir el control del aparato partidario para asegurarse la sucesión dinástica en el poder. Para eso, construyó una base de apoyo propia con jóvenes militantes a partir del reparto de prebendas, el tráfico de influencias y la participación en negocios oscuros. Esas nuevas camadas más vinculadas al Estado desplazaron a la «militancia histórica» que se mantenía leal al partido sobre todo por afinidad ideológica y trayectoria política. Sin disidencias internas y con una base de apoyo propia, Ortega y Murillo afianzaron su control sobre el aparato partidario6.

En el exterior, el primer periodo presidencial de Ortega (2007-2011) coincidió en el tiempo con una tendencia de cambio político en América Latina que resultó favorable a sus propósitos: la existencia y llegada a la Presidencia de una serie de gobiernos de izquierda por la vía electoral y la constitución de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), en el contexto de la retórica del «socialismo del siglo xxi».

Más tarde, aunque el panorama político latinoamericano cambió, Ortega no perdió respaldos significativos y hasta 2018 era reconocido como poder legítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo, incluidos los de eeuu y los centroamericanos con los que manejaba relaciones de mucha cordialidad, en especial con la Honduras de Juan Orlando Hernández, pese a la supuesta divergencia ideológica. Algunas instancias internacionales asumieron una posición de cooperación con el gobierno nicaragüense, como la Organización de Estados Americanos (oea) y organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie).

Para diversos sectores económicos, sociales e incluso políticos, el corporativismo autoritario de Ortega era funcional, pues permitía mantener la estabilidad y el crecimiento económico, además de la formalidad democrática institucional, aunque eso significara la restricción de derechos fundamentales, el control de los poderes estatales y el sistema político, y el avance acelerado de un proyecto político «sultanístico»7.

El estallido social que sacudió el sistema

El estallido social de abril de 2018 interrumpió abruptamente la «buena» marcha del proyecto autoritario de los Ortega-Murillo, cuando miles de personas se lanzaron a las calles en todo el país para expresar su descontento por el anuncio de reformas a la seguridad social que afectaban a jubilados, cotizantes y empleadores. El punto de quiebre fue la respuesta violenta y represiva de Ortega a las multitudinarias marchas y protestas de ese año, de tal manera que el esquema de alianzas y sostenes de su proyecto político se desconfiguró significativamente.

Acostumbrado a resolver las crisis mediante negociaciones privadas y excluyentes, Ortega esperaba contener los ánimos de la población y volver el estado de cosas a la normalidad ofreciendo un diálogo nacional que inicialmente incluía solo al sector privado como interlocutor, pero ni la ciudadanía ni los empresarios aceptaron, de manera que le pidió a la Iglesia católica su intermediación y se amplió la participación a diversos sectores sociales. Pero el anuncio del diálogo no contuvo las protestas ni la represión policial, y el 23 de abril el Consejo Superior de la Empresa Privada (cosep), la organización gremial empresarial, convocó a una marcha en Managua con la participación de miles de personas que demandaban la salida de Ortega de la Presidencia, un hecho inédito en la historia reciente del país8.Después de la marcha y el diálogo iniciado en mayo de ese año, se rompió la alianza que los empresarios habían mantenido y alimentado con Ortega durante más de diez años. Esto representó un duro golpe para el régimen, que desde entonces ha hecho esfuerzos infructuosos para restablecerla mediante ofrecimientos, negociaciones, chantajes, amenazas y, finalmente, el encarcelamiento de algunos directivos del sector privado en 2021 bajo supuestos cargos de «traición a la patria». La otra alianza estratégica de Ortega con el Ejército se ha mantenido invariable desde que se inició la crisis, aunque los militares han tenido el cuidado de no participar de manera visible en la represión contra la ciudadanía.

A lo largo de cuatro años de crisis sociopolítica, Ortega decidió manejar la situación con una política de represión y violencia que ha disminuido su legitimidad y apoyos a números rojos dentro y fuera del país. En el camino ha perdido el reconocimiento de actores claves como la Iglesia católica, a la que se ha dedicado a perseguir y atacar abiertamente. Su respaldo entre la población es mínimo, tal como se apreció en los sondeos previos a las elecciones de noviembre de 2021, cuando los porcentajes de apoyo apenas alcanzaron el 18%. Ortega y Murillo esperaban que ese proceso electoral se convirtiera en un punto de inflexión para pasar la página a la crisis, asegurar su permanencia en el poder y recomponer sus puntos de apoyo.

Su apuesta era asegurar de nuevo la Presidencia y Vicepresidencia con un mínimo de legitimidad proveniente de los votos ciudadanos, restablecer un entendimiento al menos con una parte del sector privado para darle viabilidad a su nuevo periodo presidencial y revestirse con el reconocimiento de la Iglesia católica, que goza de gran autoridad entre la ciudadanía, para recomponer sus relaciones con la comunidad internacional, disminuir su rechazo y obtener los fondos de cooperación que le permitieran lidiar con la rampante crisis económica que afecta al país por el efecto combinado de la prolongada crisis sociopolítica y la pandemia de covid-19.El temor real de que se conformara un frente amplio de oposición electoral, que pusiera en riesgo sus planes de continuidad dinástica disputando los votos ciudadanos, lo llevó a controlar las variables de la competencia y a radicalizar la represión mediante la aprobación de un conjunto de leyes que limitaron aún más los derechos ciudadanos. La escalada de represión y violencia ha significado el encarcelamiento de más de 50 líderes, activistas, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas y de siete aspirantes presidenciales durante 2021, hasta alcanzar la suma de 180 personas prisioneras políticas, además de la persecución y el silenciamiento de las voces críticas y la prensa independiente.

El rechazo de la población se hizo sentir el mismo día de las votaciones cuando una amplia mayoría, estimada en cerca de 80%, se abstuvo de votar a pesar de las amenazas, las presiones y el control gubernamental. El órgano electoral totalmente controlado por Ortega le atribuyó 75% de votos al anunciar su reelección y la de Murillo para la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. La comunidad internacional rechazó ampliamente los resultados electorales por considerar que el proceso no contó con las condiciones necesarias y que tampoco expresaba la verdadera voluntad popular.

El problema de la viabilidad dinástica

Sin legitimidad ni reconocimiento tanto en el interior como fuera de Nicaragua, Ortega se instaló de nuevo en la Presidencia para un cuarto periodo consecutivo. El escenario que enfrenta es complejo y nada favorable.

Sin la posibilidad de obtener más fondos de la cooperación venezolana, que cesaron desde hace varios años, y con el acceso a préstamos de organismos financieros internacionales bajo riesgo de suspensión, Ortega comenzó a explorar fuentes de financiamiento de regímenes autoritarios como Rusia, Irán y China, pero la invasión rusa de Ucrania pospuso la esperada cooperación, a pesar de que se ha anunciado con bombos y platillos la firma de acuerdos con los dos últimos y el nombramiento de un embajador chino en Managua. De momento, cuenta con dos salvavidas para mantenerse a flote económico: los préstamos que recibe del Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie ) y las remesas familiares, que se han incrementado significativamente y ya representan 17% del pib como consecuencia del enorme flujo migratorio que se está produciendo por razones políticas y económicas.

La crisis y su manejo ya han hecho mella entre las propias bases del orteguismo y cada vez se hace más evidente un acelerado proceso de erosión que toca incluso a sus más cercanos. Desde finales de 2021 y los primeros meses de 2022 se han conocido varias defecciones: entre ellas, la más reveladora fue la renuncia pública de David McFields, representante ante la oea, durante una reunión del Consejo Permanente de la organización. La respuesta de Ortega y Murillo ha sido incrementar la vigilancia y reprimir a sus propios seguidores, como ocurrió con un conocido militante de los llamados «históricos» que se atrevió a hacer críticas a través de las redes sociales y ha sido encarcelado. Se conoce que otros conatos de disidencia interna han sido sofocados con presiones y amenazas.

El problema principal de Ortega y Murillo es darle viabilidad a su proyecto continuista en un escenario poco favorable. Internamente, no cuentan con respaldo de la población, su base de apoyo se está resquebrajando con rapidez, tampoco han logrado restablecer las alianzas fácticas con el sector empresarial, se enfrentan a una crítica situación económica y se está alimentando una corriente subterránea de mayor descontento e insatisfacción social. La alternativa para controlar este escenario es la «institucionalización» de un Estado policial, mediante la aprobación de un conjunto de leyes que restringen derechos fundamentales, la «desertificación» de la sociedad civil con la cancelación de más 400 organizaciones no gubernamentales y la «normalización» de la vigilancia y el control sobre la población.

En el plano internacional, Ortega ha decidido autoaislarse y desde 2018 maneja una política exterior confrontativa con los países y foros que han urgido una salida democrática y pacífica a la crisis. Esta política se ha acentuado desde 2021 con los agrios intercambios diplomáticos que se han producido con España, Colombia, Taiwán –país con el que rompió relaciones abruptamente para restablecer lazos con China– e incluso México y Argentina, que intentaron abrir una alternativa de negociación antes de las elecciones de noviembre de ese año. Las hostilidades han llegado a puntos críticos cuando el gobierno expulsó al representante del Vaticano y poco después ordenó el allanamiento y la confiscación de la sede de la oea en Managua.

A falta de apoyo entre la comunidad internacional, cada vez es mayor el acercamiento a regímenes autoritarios como los de Rusia, China e Irán, mientras en la región se mantienen los vínculos próximos con Venezuela, Cuba y Bolivia, así como apoyos moderados de México y Argentina. El giro autoritario que está en curso en Centroamérica también ha acercado a Ortega-Murillo a gobiernos como los de Guatemala, El Salvador y Honduras, los cuales en foros como la oea prefieren abstenerse de votar resoluciones que no favorecen al presidente nicaragüense. En esas condiciones, pareciera que el régimen de Ortega espera en casa de paja sabiendo que se avecina un vendaval.

  • 1.Antonio Lacayo Oyanguren: La difícil transición nicaragüense. En el gobierno con doña Violeta, Fundación UNO, Managua, 2005, y E. Cuadra Lira, Andrés Pérez Baltodano y Ángel Saldomando: Orden social y gobernabilidad en Nicaragua. 1990-1996, CRIES, Managua, 1998.
  • 2.Edmundo Jarquín (coord.): El cambio azul y blanco. Dejando atrás el régimen de Daniel Ortega, FUNPADEM, Managua, 2020.
  • 3.César Batiz, Octavio Enríquez e Iván Olivares: «La bonanza de Daniel Ortega se llama Venezuela» en Connectas, s./f., www.connectas.org/la-bonanza-de-daniel-ortega-se-llama-venezuela/.
  • 4.«El idilio de Daniel Ortega con el gran capital» en Connectas, s./f., www.connectas.org/especiales/nicaragua-no-calla/el-idilio-de-daniel-ortega-con-el-gran-capital/.
  • 5.E. Cuadra Lira: «Las reformas del sector seguridad en Nicaragua: cambios significativos en el paradigma de la seguridad» en Catalina Niño Guarnizo (ed.): Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2014, Fundación Friedrich Ebert, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Bogotá, 2014, y E. Cuadra Lira: «El nuevo protagonismo militar. Fuerzas Armadas y poder» en E. Jarquín (coord.): El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?, PAVSA, Managua, 2016.
  • 6.«La lenta mutación del FSLN» en Perspectivas No 55, Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), 5/2011.
  • 7.E. Jarquín (coord.): El régimen Ortega, cit.
  • 8.«Masiva marcha en Nicaragua para repudiar la brutal represión del régimen de Daniel Ortega» en Infobae América, 23/4/2018.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 300, Julio – Agosto 2022, ISSN: 0251-3552

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