Opinión / Ensayos · 19/11/2020

Nicaragua: los huracanes y el Presupuesto General de la República

*Francisco Samper Blanco

La destrucción de los huracanes Eta y Iota solo se asemejan a la hecatombe provocada por el Mitch. El país está ante una catástrofe nacional. De por sí, ya llevamos tres años de caída del Producto Interno Bruto, (2018-2020) y la estimación de su decrecimiento en este año se profundizará, fácilmente se acercará o rebasará un 8 por ciento, al menos que se observe un vigoroso respaldo de la cooperación internacional, lo cual es poco probable.

En términos políticos, la situación de hoy se asemeja a la época de la devastación del huracán Joan en 1988, en la que el gobierno sandinista estaba por fuera de los circuitos de los organismos financieros internacionales y la posición de la comunidad internacional se encontraba dividida con relación al régimen. 

Actualmente, la dictadura Ortega-Murillo, acusada por crímenes de lesa humanidad y de violaciones de derechos humanos, está aislada internacionalmente y los organismos financieros internacionales mantienen una distancia política con el régimen, a excepción del Banco de Integración Centroamericana (BCIE), lo cual no es suficiente ante la devastación de los huracanes. 

Pese a que no se han calculado los efectos destructores, sin lugar a dudas las necesidades financieras son enormes.  En este contexto, señalemos que se encuentra en la Asamblea Nacional, el proyecto de Presupuesto General de la República (PGR) del 2021, el cual tiene proyectado un gasto de C$81,528.80 millones de córdobas; este monto comparado con el PGR-2020, de C$80,901.61 millones de córdobas, tiene apenas un incremento nominal de 0.77 por ciento, o sea, en términos reales (eliminando el efecto de la inflación), el gasto del PGR-2021 decrece. 

Ahora bien, si esa misma cifra –del PGR 2021- la comparamos con el gasto del Presupuesto 2020 actualizado, que corresponde a la cantidad de C$83, 974,01 millones de córdobas, según el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), más bien, el gasto está decreciendo nominalmente en menos de 3.0 por ciento, por tanto, la proyección del gasto es altamente contractiva  -a pesar de que la economía viene decreciendo-, en contraposición a lo señalado por  la teoría económica, que recomienda aumentar el gasto público cuando la economía viene en picada.   

Con las calamidades ocurridas, las proyecciones del PGR-2021 saltan por los aires, ya no sirven. Se tiene que cuantificar la destrucción en infraestructura, salud, medio ambiente, entre otros. En ese contexto, cualquier parlamento o congreso enviaría de regreso el proyecto de presupuesto para que el ejecutivo lo reformule y que dicha reformulación sea incorporada al dictamen de la Ley. Eso ocurrió con el presupuesto público de 1999 ante la devastación del Huracán Mitch. ¿Ocurrirá ahora?  Quién sabe.

¿Pero, de donde se financiaría el incremento del gasto? Esta solo es posible a través de la cooperación internacional, mediante préstamos concesionales y donaciones externas, ya que el país no cuenta con los recursos internos para financiar la reconstrucción. Dada la desconfianza de la comunidad internacional y de la inmensa mayoría de los nicaragüenses a la dictadura Ortega-Murillo, la cooperación financiera internacional debería de ser posible solamente mediante la fiscalización directa de los organismos financiadores y su ejecución a través de las instituciones que estos designen.

Adicionalmente, debería de reasignarse el gasto público del PGR-2021, es decir, trasladar recursos presupuestarios de instituciones que no están vinculadas a la recuperación de Nicaragua -por ejemplo, Policía Nacional, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, entre otras-, a las instituciones ligadas a la reconstrucción, como es el caso del Ministerio de Transporte e Infraestructura.  

Veremos si el régimen permite la fiscalización internacional y reasigna recursos presupuestarios o deja que el pueblo de Nicaragua se hunda.