Nicaragua: persiste la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres

*Por Expediente Público

“No estoy de acuerdo en que hayan hecho esto. El gobierno habla del apoyo a las mujeres ¿cuál es el apoyo que estamos recibiendo? Nos están dejando a la intemperie a nosotras con nuestra salud y derechos”, reclamó una habitante de la zona rural de la ciudad de Matagalpa, al norte de Nicaragua, al haber encontrado el Colectivo de Mujeres Matagalpa cerrado por órdenes de los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional.

“Gracias a Dios y al apoyo psicológico y moral que tuve en Colectivo de Mujeres, estoy viva y sana”, aseguró ella en el registro de denuncias de las integrantes de la organización Social.

La psicóloga Leonila Argüello, integrante de esta Organización No Gubernamental (ONG) que por 37 años trabajó con poblaciones vulnerables, atendiendo en promedio anual a tres mil mujeres de este departamento, explicó a Expediente Público que este fue solo uno de los tantos casos de mujeres, niñas y niños desprotegidos que han buscado apoyo de la organización después de haber sido cancelada su personería jurídica el pasado 26 de agosto.

Los derechos a la salud, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, a un salario equitativo, a la protección de violencia y la representación en espacios políticos, han sido exigido por años por las nicaragüenses.

Sin embargo, estos no parecen ser temas de importancia para el gobierno de Daniel Ortega en los últimos 14 años de poder, pese a que las estadísticas sitúan a Nicaragua como uno de los países con mayor igualdad de género en el mundo, pero el panorama dentro del país es otro.

Hasta agosto de 2021 el organismo Católicas por el Derecho a Decidir registró 51 femicidios en Nicaragua, de los cuales 11 de ellos permanecen en impunidad, 3 femicidas prófugos y solo 27% de estos hechos criminales han sido procesados judicialmente.

Para Argüello, una muy clara y profunda necesidad en las nicaragüenses es “vivir sin violencia en los hogares”, pero el cierre de organizaciones que apoyaban estas crisis ha dejado desprotegida a la población femenina del país y ha sido “una absoluta violación de los derechos humanos de las mujeres”, porque no era un secreto que sus principales beneficiarias eran mujeres, niñas y adolescentes.

“Todas estas mujeres están llegando a las instalaciones, están buscando para hacerse su PAP (examen papanicolau), la revisión de sus pechos, asesoría legal, buscando apoyo para denunciar y ¿qué les decimos?”, se cuestiona Argüello. “No tenemos a dónde irnos a quejar, no tenemos donde denunciar, donde buscar ayuda porque no hay los espacios”, lamentó.

La inhibición de 55 ONG en el país centroamericano y la confiscación de sus bienes entre 2018 y 2021 a solicitud del Ministerio de Gobernación, forman parte de la violencia política institucionalizada contra la sociedad civil y organizaciones de mujeres, incrementada en el último año en el contexto electoral que atraviesa el país.

Hasta el 31 de agosto, el observatorio independiente Urnas Abiertas, contabiliza 1.375 hechos de violencia política, 16% corresponden al período julio-agosto, cometidos a 122 víctimas, de las cuales 36.89% son mujeres.

Entre el 28 de mayo y 20 de septiembre han sido detenidos 37 nicaragüenses opositores al gobierno de Ortega, ocho son mujeres; entre ellas Cristiana Chamarro precandidata a la presidencia y la exdiputada María Fernanda Flores bajo arresto domiciliar, las activistas feministas; Violeta Granera, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil, Dora María Tellez, Suyen Barahona del Movimiento Unamos, y la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

A inicios de septiembre familiares de las presas políticas pudieron visitarlas después de pasar 90 días sin conocer su paradero, y constatar que estaban en “el nuevo Chipote”, bajo interrogatorios constantes, con amenazas, aislamiento y otras formas de tortura psicológica.

Una lucha de años

La lucha del movimiento feminista en este país lleva años, a percepción de Argüello: “no empieza ahora, no empieza en el 2018, al revés, la agresión hacia nosotras, se recrudeció a partir del 2018”, recordó.

Aunque el discurso del gobierno sobre el tema destaca la restauración de las Comisarías de la Mujer (cerradas por decisión gubernamental en 2016), la igualdad en cargos públicos y cargos de elección popular, así como la protección de sus derechos, en la realidad han persistido las acciones represivas como el cierre de organizaciones sociales que ofrecían apoyo a mujeres. “La realidad es más profunda”, aseguró Argüello.

Ana Quirós: “Si tocan a una, respondemos todas”

El 25 de noviembre, día internacional de la no violencia contra la mujer, le trae recuerdos a la activista feminista Ana Quirós, de origen costarricense, pero nacionalizada nicaragüense, por el permiso de marcha que fue negada por la Policía Nacional en 2018 y las conferencias de prensa en las que participó como parte del movimiento feminista, para denunciar la violencia a su derecho de libertad de expresión y de movilización.

Quirós sufrió la violencia del Estado por razones políticas: después de vivir 40 años en el país y 22 años de haber recibido oficialmente naturalizada, fue deportada el 26 de noviembre de ese año por razones migratorias: “por tener doble nacionalidad” y “atentar contra la estabilidad del país», argumentó Migración y Extranjería al expulsarla por el puesto migratorio de Peñas Blancas, en la frontera sur de Nicaragua.

El centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, (CISAS) fue la Organización no gubernamental de la que Quirós fue cofundadora en 1983 y por 13 años dirigió en Nicaragua, hasta convertirse en la primera asociación civil cancelada oficialmente en la historia del país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el accionar en contra de las organizaciones sociales desde 2018.

Quirós además fue integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), al que también le fueron confiscadas sus instalaciones y bienes: Ella reiteró que las mujeres, al perder el acompañamiento de estas organizaciones, quedaron desprotegidas frente a la Ley y frente a sus agresores.

“Pueden hacer todas estas cosas, estas formas de represión, pero las mujeres no nos callamos, como bien dice nuestra consigna: si tocan a una respondemos todas”, dijo.

Ivania Álvarez: Emigrar para seguir la lucha

La excarcelada política y activista opositora Ivania Álvarez, se vio forzada a exiliarse el 14 de julio de este año, por el constante asedio y hostigamiento a ella y sus familiares por parte de la policía nacional

Álvarez, de 39 años, narró a Expediente Público cómo comenzó su activismo desde su comunidad en el municipio de Tipitapa, en Managua, “uno de los más sucios del país”, explicó, por temas básicos como el acceso a agua, energía y limpieza.

El 14 de noviembre de 2019 se convirtió en una presa política, después de acompañar y apoyar a los familiares de los primeros detenidos. Doce nicaragüenses más fueron apresados junto a ella por llevar agua a unas madres de presos políticos que mantenían una huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya, departamento vecino al sur de Managua.

Haber tomado la decisión de exiliarse después de haber vivido bajo asedio y persecución luego de su excarcelación, ha sido “una de las cosas más dolorosas” de su vida, aseguró.

Para Álvarez, la situación de exilio no ha sido fácil y no puede compararse al haber estado encarcelada. “Nada puede comparar estar lejos de tu casa y tener que comenzar desde cero en otro lugar […] aun en la cárcel me sentía cerca, sabía que mi familia estaba afuera, sabía que me iban a visitar. Salir para mí ha sido muy difícil, doloroso”, lamentó.

Wendy Flores: Sobreviviente de Violencia sexual y defensora en el exilio

Para la defensora de Derechos Humanos, Wendy Flores, representa un “vivir, defenderse y sobrellevar” todas las formas de violencia que hay en el país, la violencia intrafamiliar, la violencia laboral, política, institucional y “la violencia sexual, de la que muchas somos sobrevivientes desde que somos niñas”.

La ahora cofundadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que reside en Costa Rica, se exilió hace tres años por la represión intensificada del Estado durante las protestas de abril en 2018, y la confiscación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del cual era parte junto a otros defensores que emigraron a Costa Rica por hostigamientos y amenazas.

Flores señaló la existencia de espacios de articulación de mujeres defensoras de derechos humanos creados por ellas mismas, pero que, en la actualidad, en Nicaragua, están limitadas a hacer uso de ellos.

“Hoy en día en la situación en la cual estamos no pueden movilizarse, no pueden salir a defender sus derechos, o si lo hacen están altamente expuestas a la represión que ejerce el Estado en contra de defensoras de derechos humanos”, reiteró.

Un ausente Ministerio de la Mujer y una Ley muerta

“Fortalecer el modelo de reconciliación, cultura de paz, dignidad y no violencia”, era el objetivo estatal para estos años, según el plan de trabajo 2020 del Ministerio de la Mujer, reabierto en 2020, luego de cuatro años sin Comisarías de la Mujer en Nicaragua, sin embargo, no se ha pronunciado respecto a la creciente ola de violencia contra las mujeres nicaragüenses.

El Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), fue creado en 1987 con el propósito de “erradicar todas las formas de opresión y discriminación a la mujer y establecer un nuevo tipo de relaciones sociales y personales, a fin de lograr su plena integración a la vida social del país”, sin embargo, sigue siendo hasta la fecha una de las instituciones públicas con menor presupuesto en el país.

La Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, o Ley 779, entró en vigencia en el Sistema Penal en 2012, y dos años más tarde un decreto cambió la prioridad de los derechos de las mujeres a unidad familiar. En 2016 las Comisarías de la Mujer fueron cerradas por orden de las autoridades.

La abogada Flores resaltó cómo esta política del Estado ha violado la Ley 779, así como los derechos de las mujeres.

“La autonomía que iban a tener para proteger y para dar salida a los casos de violencia, realmente desapareció porque desaparecieron las comisarías de la mujer […] y se redujo el presupuesto asignado para esta área de investigación de la policía”, explicó.

La farsa igualdad de género

Nicaragua, después de ocupar por 3 años consecutivos el quinto lugar a nivel mundial en los informes de Brecha Global de Género, pasó al puesto número doce en 2021, según datos del Foro Económico Mundial.

El 8 de marzo del año 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma y adición a la Ley No. 40, Ley de Municipios, mejor conocida como Ley 50-50 en la que se establece la participación política de las mujeres igualitaria con los hombres, en cargos de elección popular.

Sin embargo, han transcurrido nueve años desde que fue creada esta ley y las articulaciones de mujeres nicaragüenses han continuado la lucha por el cumplimiento de sus derechos y la crítica a una ley “muerta”.

Flores por su parte reiteró que la creación de esta ley ha permitido que mujeres ocupen puestos políticos “numéricamente”, pero no de real participación o toma de decisiones.

“Estas mujeres realmente no han logrado tener una posición ni decisión basada en lo que nosotras las mujeres hemos venido demandando por años, y es que realmente se consideren nuestras necesidades y se apliquen normas políticas dirigidas a prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres que es uno de los mayores males que tenemos en nuestro país”, dijo.

Para Álvarez, las mujeres que han ocupado cargos públicos en instituciones del Estado “están totalmente silenciadas”.

“Ni siquiera en sus propias comunidades las conocen, porque su rol es totalmente decorativo, están porque la ley lo dice, porque la compañera Rosario Murillo, ocupa a su misma militancia, porque quiere justificar su vicepresidencia y ahí nace lo del 50% de la participación de las mujeres, cuando la única mujer visible en todas las instituciones del Estado es Rosario Murillo”, finalizó.

A pesar de indicadores positivos presentados por las autoridades, ser mujer en Nicaragua presenta muchos retos, porque se le sigue criminalizando cuando son opositoras políticas al FSLN, se les niega la justicia cuando son abusadas sexualmente porque la Ley 779 facilita al agresor a presionar por la mediación con la víctima, siendo esta la forma en que la mayoría nunca enfrentan un proceso judicial. El derecho a recibir atención médica de forma oportuna cuando enfrenta un embarazo de alto riesgo, es otra deuda en la Nicaragua actual porque la ley criminaliza el aborto terapéutico.

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