*Por Expediente Público
Una nueva ola de terror y secuestro se registra desde hace varias semanas en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano.
La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras partes del país centroamericano.
Una de las últimas arremetidas del régimen fue denunciado por el Movimiento Defensa Estudiantil de la Universidad Centroamericana (UCA), quien a través de sus redes sociales confirmaron el asedio y allanamiento en el domicilio de Rodrigo González Chamorro, coordinador de Cultura en este centro de estudios superiores.
“Asediado desde tempranas horas de la mañana en su vivienda, exigimos se respete su integridad”, denunció el Movimiento Defensa Estudiantil.
“Hay una cacería en Managua, allanaron la casa de un funcionario de la UCA, eran como tres patrullas, qué van a hacer con él”, se cuestionó la defensora de derechos humanos.
González Chamorro es familiar del empresario Gerardo José Baltodano Cantarero, quien se encuentra bajo “búsqueda y captura por la Policía”, según comunicado, debido a que no compareció a una citatoria del Ministerio Público para declarar en la investigación iniciada contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
La presidenta del Cenidh señaló que se trata de un “nuevo grupo de encarcelados” en el país.
“No solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez a Expediente Público.
32 opositores detenidos en tres días
El Cenidh registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.
Las personas detenidas sin orden judicial fueron llevadas a las delegaciones policiales, donde a los familiares no se les brinda ningún tipo de información, denunció el organismo de derechos humanos.
El 23 de noviembre, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) denunció el arresto en la ciudad de Masaya, al oeste del país, de Edder Muñoz, miembro de esta plataforma opositora.
La detención quedó registrada en las cámaras de seguridad de la casa del opositor, donde se observa a varios oficiales que descendieron de una patrulla de la Dirección de Operaciones Especiales, mientras personas de civiles con cascos de motos esperaban en un predio cercano a la vivienda, ubicada en la comarca La Reforma en Masaya.
La Alianza Cívica denunció que al 24 de noviembre al menos una decena de sus integrantes han sido “secuestrados, sometidos a torturas y condenados en juicios espurios”.
Nidia Barbosa Castillo, Armando Robles, Edder Muñoz, un integrante de Chinandega (al occidente), uno en Morrito, municipio de Río San Juan, y otro de Masaya; que por proteger su integridad física y a petición de sus familiares omiten sus nombres, forman parte de la lista de personas que fueron detenidas en las últimas semanas.
“Todos los integrantes de la Alianza Cívica han sido detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones”, denunció la Alianza Cívica a través de un comunicado.
Antes fueron capturados los líderes de la organiación, Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo.
La Alianza demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el “cese la represión, los secuestros en contra de nuestros liderazgos y de todo opositor al régimen”.
Más de 165 personas presas políticas
La Unidad Nacional Azul y Blanco estimó que a la fecha más de 165 personas son presos políticos del régimen en Nicaragua.
Desde que inició la represión en mayo, previo al contexto de las elecciones generales del 7 de noviembre, la UNAB registra que al menos 20 de sus miembros están en prisión, 11 en las últimas semanas entre quienes figuran la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto, detenida el pasado 6 de noviembre y la joven universitaria Samantha Jirón, presa desde el 8 del mismo mes.
El más reciente secuestrado es Josué Alexander Ponce, quien fue detenido ilegalmente el 30 de noviembre del 2021 en la capital Managua cuando junto a otros jóvenes autoconvocados se disponían a realizar un piquete exprés (protesta) en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
“El problema es que no todos han dado la autorización para revelar nombres (…) Este mecanismo de terror que ha implementado la dictadura alcanza a las familias también. En el caso de las personas detenidas recientemente del 6 de noviembre a la fecha eran personas que estaban en las delegaciones, en los distritos (policiales), y la gente no quiso denunciar ni que se le vinculara a ninguna plataforma opositora con la esperanza de que fueran liberadas”, explicó Olama Hurtado, miembro de la UNAB.
Hurtado señaló que los familiares también están sufriendo esas secuelas de la represión, porque son “perseguidos, vigilados» y sufren «mucha intimidación”.
“Hay muchos liderazgos territoriales que están siendo acusados, que están siendo hostigados y vigilados todo el tiempo y con temor de que pueda haber consecuencias con la familia (…) El régimen no ha acabado y aunque parece estar en una aparente calma en los territorios sigue habiendo hostigamiento, persecución, amenazas”, mencionó Hurtado.
Escalada represiva contra campesinos
En las últimas semanas el régimen de Ortega y Murillo también dirigió su escalada represiva hacia campesinos, a los que están sacando de sus casas en horas de la noche para luego acusarlos de “ciberdelito” y “traición a la patria”.
El 25 de noviembre, la iniciativa Monitoreo Azul y Blanco reportó la detención de Santos Camilo Bellorín Lira, a quien efectivos uniformados sacaron de su vivienda, localizada en la comunidad rural de Guasuyuca, en el municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelí (al norte), y se lo llevaron a las celdas de la Policía.
La detención de Bellorín Lira ocurrió el día 6 de noviembre, pero la familia del preso político tenía temor a denunciar el hecho para no empeorar la situación de su familiar.
“La gente está manejando con temor (la situación), pero también con la expectativa de que si no denuncian que tal vez lo pueden sacar. No, de ninguna manera, la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del Cenidh.
Armando Robles, coordinador de la Alianza Cívica en Morrito, Rio San Juan, también está entre los detenidos del 6 de noviembre.
Cenidh: Varios escenarios
La presidenta del Cenidh explicó que se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas.
Existe un grupo de presos políticos, detenidos desde antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares, dijo la defensora.
Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura” y los que están bajo arresto domiciliar.
“La situación en la que se encuentra es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, comentó Núñez.
Desde el 6 de noviembre se desarrolló un tercer escenario que lo encabezan los opositores detenidos desde esa fecha, siempre con las mismas “arbitrariedades, es decir los capturan en su casa sin ninguna autorización legal, sin ninguna orden judicial”.
Demandan una Navidad sin presos políticos
El 1 de diciembre de 2021, la UNAB, la Alianza Cívica, organismos defensores de derechos humanos y grupos políticos opositores por cuarto año consecutivo desarrollan la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, elevando la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen de Daniel Ortega. .
“Mantenemos el compromiso con las víctimas y sus familias”, reafirmó la plataforma opositora en un comunicado.
Con anterioridad, la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) y la Alianza Cívica lanzaron una campaña similar exigiendo la libertad de los presos políticos, en las que se solicitó a la ciudadanía sumarse para ejercer presión, al menos en las redes sociales, para lograr su liberación.