*Por Expediente Público
La mayor masacre contra indígenas que se registra en la historia reciente fue dada por esclarecida este 8 de septiembre por la Policía de Nicaragua, pero lejos de la versión de los sobrevivientes. En lugar de investigar a los invasores de tierras indígenas conocidos como colonos, las autoridades presentaron a tres comunitarios presos y dieron como motivos de los hechos “discordias entre familias”.
Entre cuatro y siete comunitarios fueron investigados por la Policía de Nicaragua en el municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), después que el 29 de agosto se realizaron allanamientos en varias comunidades en busca de armas y guardabosques, informaron varias organizaciones.
A juicio del representante de Prilaka, organización indígena del Caribe Norte, Juan Carlos Ocampo, la policía estaba construyendo la versión de una disputa entre familias indígenas por la explotación de un yacimiento de oro en la reserva de la biósfera Bosawas, el área forestal protegida más grande de Centroamérica.
En un comunicado a inicios de septiembre de los pobladores del territorio Mayanga Sauni As, se contaban siete detenidos y se acusaba a la banda de Kukalón, liderada por Isabel Meneses alias Chavelo como la perpetradora de la masacre, según el medio digital Artículo 66.
La versión de los sobrevivientes de la masacre en una zona de la selva conocida como Kiwakumbaih, corresponde al ataque de colonos, como los indígenas denominan a los invasores de tierras comunales que provienen de otras regiones de Nicaragua, afirmó Ocampo.
De acuerdo a sobrevivientes, un grupo de 40 colonos armados ingresó el 23 de agosto de 2021 al cerro Kiwakumbaih por la tarde y dispararon contra decenas de indígenas que trabajaban en una mina artesanal de oro descubierta en el corazón de la reserva Bosawás.
Al menos 13 personas de las etnias misquitas y mayangna murieron tras el ataque, los cuerpos fueron sepultados por sus familiares. Ocampo asegura que tienen identificados a 9 víctimas, pero de los otros cuatro cuerpos no han podido dar un registro exacto, porque entre los comunitarios, a veces, solo se conocen por apodos.
Ocampo tampoco descarta que los colonos hayan actuado en colaboración con comunitarios indígenas, pero llama la atención el silencio de las autoridades sobre la masacre.
Versión policial
Dos semanas después la Policía dio por esclarecido los hechos sin dar ningún informe de sus investigaciones, reduciendo la cifra de muertos a nueve, incluyendo un adolescente. De hecho, solo se presentó frente a medios oficialistas este 8 de septiembre.
Se confirmó el caso de una mujer y una adolescente violadas en el ataque, a 50 kilómetros del municipio de Bonanza.
La Policía informó que acudió al lugar de la masacre, pero los comunitarios señalan que no atendieron la denuncia y tuvieron ellos mismos que sacar los cuerpos para enterrarlos.
También señalan que el ataque se dio en un punto de güirisería, como se llama a la extracción artesanal de oro en los ríos, pero en realidad, se trata de una mina artesanal la cual los atacantes pudieron dinamitar antes de huir, revelaron los sobrevivientes.
El 31 de agosto, el líder ambientalista Amaru Ruiz tuiteó varios mensajes donde señaló que la policía en lugar de perseguir a los colonos allanó casas de indígenas de la zona en busca de armas y de los guardabosques comunitarios.
Ruiz también señaló que el 11 de agosto los indígenas denunciaron la presencia de colonos ante las autoridades territoriales y pidieron auxilio policial.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenó el asesinato de los indígenas, entre ellos, dos mujeres que fueron violadas antes de ser ejecutadas, una de ellas desmembrada, así también, un niño de seis años pereció en el ataque.
La FIDH indicó que los comunitarios denunciaron la masacre ante la Policía Nacional y el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, pero no existe ninguna acción de parte de ellos. Expediente Público verificó que no había ni un solo comunicado de ambas instituciones refiriéndose a la masacre o a los detenidos, hasta este 8 de septiembre.
Ocampo señala que esta masacre en Bosawás no es un hecho aislado, sino que acompaña la violencia de los invasores de tierra.
Exigencias
Las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua hacen énfasis en el saneamiento de sus territorios tal como lo estipula la Ley 445 de propiedad comunal de los pueblos indígenas, que consiste en la expulsión de colonos de las tierras comunitarias.
Otros temas fundamentales son el atropello a los derechos humanos que se vive y la falta de justicia, la imposición de autoridades, pues a través de estas estructuras se fomenta la invasión, además, se pedirá a la comunidad nicaragüense e internacional estar más pendientes de la lucha indígena.
“Lo que pasó fue horrendo y en medio de la vigilancia (policial) nos sentimos obligados a alzar nuestras voces”, sostuvo Ocampo.
Lo que se sabe hasta ahora
El lugar de la masacre es un sitio sagrado para los indígenas mayangnas, etnia que representan el uno por ciento de la población de Nicaragua, donde tradicionalmente rinden culto a la madre tierra, pero sitio de un yacimiento de oro.
“La expansión de la minería artesanal es consecuencia de las invasiones, los colonos han traído ese conocimiento, los indígenas como los bosques han sido destruidos, ya no hay madera para vender ni animales para cazar, necesitan algo para vivir más la crisis por los huracanes y en términos de la seguridad alimentaria, a muchos solo les queda lavar oro”, dice Ocampo.
En el lugar de la masacre había una familia que al parecer tenía contratada a más personas, no se sabe exactamente cuántos eran. No se ha podido verificar cuánta gente estaba ahí, muchos lograron salir, pero están escondidos, revela el activista de Prilaka.
“Los que salieron dicen que fueron colonos, eran todos mestizos. El ataque fue a las tres de las tardes, llegó un mestizo una hora antes, estaba caminando, pero nadie le hizo caso. Iban descubiertos, armados fuertemente con pistolas, escopetas y fusiles AK, incluso dinamita, dicen que hicieron explotar algunos túneles”.
“Hay una foto donde dicen que están algunos de esos colones de la mina, hicieron un trabajo bien elaborado de inteligencia y preparación técnica. Había un campamento a media hora de la mina, desde ahí visitaron dos veces la mina, antes que pasara esto”:
La comunidad más cercana está a siete horas caminando en la selva, se trata del asentamiento El Alal, del territorio Mayangna Sauni As, donde precisamente en enero de 2020 hubo otra masacre de colones que dejó a cuatro comunitarios muertos.
Ocampo presume que es la misma banda que atacó El Alal en enero de 2020.
Desde 2014 se ha incrementado la compra ilegal o el arrendamiento de tierras comunitarias bajo contratos amañados por autoridades locales e indígenas, la presencia de agricultores y ganaderos en tierras indígenas ha desplazado las labores agrícolas, de pesca y caza tradicionales de la mayoría de indígenas del Caribe e incrementa la violencia hacia ellos.
En total, 49 indígenas mískitos fueron asesinados entre 2001 y 2020, 49 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos, solo en el 2020 fueron 13 los fallecidos, de acuerdo con el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).
“Muchas comunidades no van a sus áreas de cultivos porque están los colones, en Sangni Laya tienen seis meses de no ir a sus tierras, cuando la gente se atreve a ir se da este tipo de situaciones. Esto no es del conocimiento del público general. Hay temor y más claridad que los colonos son asesinos, mucha indignación con el silencio del gobierno y la policía, como que no ha pasado nada”, sostuvo Ocampo.