Nicaragua: quinquenio 2018-2022 – Oscar René Vargas
Nicaragua encara un quinquenio perdido en economía y desarrollo social. La previsión, con la información disponible hasta ahora sobre el efecto económico de la combinación de la crisis sociopolítica y la crisis sanitaria permite anticipar que el producto interno bruto (PIB) por habitante se reducirá en 2020, y será más profundo el retroceso en la reducción de la pobreza: las actuales crisis (sociopolítica, sanitaria, económica) provocarán un retroceso de 15 años en los avances que se habían dado en este campo.
Tras la combinación de las crisis, la recuperación de la actividad económica a los niveles de finales de 2017 tardará hasta cinco años. Para que la recuperación sea posible el régimen debe ejecutar medidas fiscales que apoyen a la pequeña y mediana empresa y a las familias y, mejorar el entorno sociopolítico para la inversión.
Para que el dinamismo de la economía avance de una forma sostenida es necesario que el régimen incremente la ejecución del gasto público y que la administración dé certidumbre para elevar los niveles de inversión tanto de nacionales como extranjeros y aumente el nivel de consumo de las familias.
Una caída en la actividad económica como la que se anticipa para los años 2020-2021, repercute directamente en la pérdida de empleos, así como el ingreso y la capacidad de compra de los hogares, hecho que afecta al resto de la economía. En los años 2020-2022, la economía, el desempleo y el coronavirus serán las principales preocupaciones de la población.
El desempleo es un problema por donde quiera que se lo examine, pero hay al menos dos grandes enfoques para hacerlo: el económico y social-personal, donde el primero pone el acento en factores como la disminución de la producción de bienes; y el segundo enfatiza la inseguridad, precariedad y zozobra que sufre la persona desempleada y su grupo familiar.
La cifra real de puestos de trabajos perdidos no se puede calcular con exactitud, dado que un enorme número de hombres y mujeres que se ganaban la vida en el sector informal de la economía, también se han visto obligados a interrumpir o abandonar las actividades que les daban sustento, por la profundización de la recesión económica y la crisis sanitaria.
La profundidad de la contracción económica y la distribución desigual de las pérdidas va a llevar a un aumento de la pobreza. Los costos económicos de las crisis están siendo cargados de una manera desproporcionada hacia los pobres, poniendo de relieve las profundas desigualdades.
El riesgo hacia el futuro es una gran parte de la clase media enfrenta un deterioro importante de sus estándares de vida. Este proceso de empobrecimiento de la clase media va a debilitar la demanda y exacerbar los “vientos” contrarios a una recuperación en el corto plazo.
El aumento del desempleo, el quiebre de empresas no ha ayudado a las personas a mantenerse al día con las deudas. La morosidad de los bancos en sus principales categorías de préstamos al consumidor ha aumentado desde el año 2018, y la mayoría de los clientes de tarjeta de crédito e hipoteca no han realizado el pago de las cuotas establecidas en los tiempos establecidos.
El índice de morosidad del sistema bancario se ha incrementado como reflejo del incremento de la lentitud en el pago del sector de crédito al consumo, el impago de los créditos personales, en el sector de los créditos otorgados vía nóminas, al financiamiento automotriz, la cartera de los créditos destinados a la vivienda de la clase media y los créditos destinados a las empresas (pequeñas y medianas. Es decir, la morosidad se encuentra al alza en el sistema bancario con posibles repercusiones negativas para la economía nacional.
Esta no es una recesión normal. Veremos la parte depresiva de la recesión económica más adelante en el 2021, con el peligro de que algunos bancos y microfinancieras tengan mayores dificultades. Un repunte de casos de coronavirus en el segundo semestre del 2020 es el principal riesgo que enfrenta la economía. En conclusión, el país está en una espiral hacia abajo, bajo un gobierno que es administrado por un régimen ineficiente, inepto y corrupto.
Una recuperación parcial de la economía comenzará hasta después de 2022, pues no todos los sectores progresan a la misma velocidad. La recuperación será limitada por la fragilidad del consumo, la inversión y las exportaciones.
Rafael Solís expresó que: “No habrá negociaciones de reformas electorales hasta que no pasen las elecciones en Estados Unidos”; creo que tiene razón sobre todo ante la posibilidad de que pierda Trump. Si eso sucede la nueva política norteamericana hacia Nicaragua va a tardar un tiempo para establecerse. Esa es la apuesta de Ortega-Murillo; sin embargo, nuevas y más sanciones pueden obligar al régimen de cambiar de estrategia.
El régimen piensa que la relación con un gobierno Biden será otra cosa; no se sabe si para bien o para mal para la lucha contra la dictadura Ortega-Murillo. A Ortega le gusta jugar con los tiempos y ver si el siguiente día le trajo algo que le puede sacar provecho políticamente.
El analista y ex secretario de Trabajo de Estados Unidos, Robert Reich, advierte que: “si piensan que Trump está contra las cuerdas y seguramente perderá en noviembre, piensen de nuevo. Hará cualquier cosa para ser relecto. Nuestro lado tiene sus límites porque nosotros creemos en la democracia. Trump no tiene límites porque él no cree”. Esa misma reflexión la podemos aplicar a Ortega-Murillo de cara a un proceso electoral, ese es el pecado original de los que creen que habrá unas elecciones transparentes en el 2021.
El 16 de julio 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la incorporación de la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua” (conocida como la ley Nica Act y aprobada en diciembre de 2018) al Reglamento de Aplicación de Sanciones a Nicaragua, con lo que se amplía la capacidad de sancionar no solo a los represores de 2018, sino a funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos y privados, arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal y lavado de dinero.
Por otro lado, la sección 301 de la Ley Comercial de 1974, autoriza al presidente de Estados Unidos a aplicar sanciones económicas unilaterales por motivos de seguridad nacional contra otras naciones cuando la sabiduría presidencial detecta violaciones a las normas comerciales o cuando le venga en gana.
Ambas leyes fortalecen la capacidad de actuar del Departamento del Tesoro con una base legal. Ambas leyes indican la posibilidad de una aplicación inmediata de nuevas sanciones y le dan facultad al ejecutivo norteamericano de implementar más sanciones al régimen Ortega-Murillo en el marco de la “sorpresa de octubre”.
Las sanciones aplicadas del 17 de julio de 2020, nos indica que la estrategia norteamericana es seguir aplicando nuevas sanciones con el objetivo de forzar al régimen a negociar una salida electoral con en estándares internacionales. De acuerdo al gobierno estadounidense, estas sanciones son el resultado de hallazgos de actos ilícito de lavado de dinero, desvío de fondos públicos y corrupción. Lo más probable que en los próximos meses (agosto, septiembre y octubre) nuevas sanciones seguirán golpeando a funcionarios y allegados del régimen, ya sea a miembros del sistema judicial, de la fiscalía u otro.
La telaraña de los negocios ilegales a costillas del erario público ha alcanzado dimensiones faraónicas de parte de miembros de la nueva clase. Sabiéndose impunes, integrantes del círculo inmediato del poder y miembros del primer circuito de altos funcionarios, han continuado saqueando las arcas del estado todo lo que han podido, y ha sido mucho. Ellos creyeron que tendrían más años para seguir en los negocios ilícitos y contarían con tiempo suficiente para borrar las huellas, Pero calcularon muy mal y hoy están sancionados.
A la lucha contra la dictadura le falta un elemento, una verdadera oposición fuerte que amenace con sustituirla: una coalición o un partido no sólo capaz de criticar al régimen, sino que dotado de un programa alternativo de políticas públicas logre ganar pequeñas batallas en el proceso de la implosión del régimen. Las encuestas señalan la extenuación de la dictadura, por lo tanto, técnicamente la oposición es fuerte y podría conquistar el poder si ofrece una alternativa a la población.
Todas las críticas al régimen son válidas y bienvenidas, pero carecen de un programa coherente alternativo de política social y económica. Hasta ahora, la oposición no ha podido ofrecer una propuesta distinta a los graves problemas sociales y económicos que sufre la población. Razón por la cual, las encuestas señalan el agotamiento del régimen y la incapacidad de la oposición de aprovechar esa languidez.
El deterioro acelerado del régimen obligará a la actual oposición formal a ofrecer alternativas inmediatas, el desgaste carcome las bases de sustentación de la dictadura lo que va a provocar una fractura en los muros de contención que ha creado para sobrevivir: represión policial y paramilitar.
Si el proceso de implosión se retrasa por la incapacidad de parte de oposición de aprovecharlo, la gente va a tener que salir nuevamente a la calle en medio de la pandemia y la única salida será la renuncia y caída inmediata de la dictadura de Ortega-Murillo
