Según el Informe de la Estrategia Internacional de Control de estupefacientes de 2022, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Nicaragua “sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción”.
Se trata de un informe anual del Departamento de Estado al Congreso preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior. Describe los esfuerzos de los países clave para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas.
En este caso, el Departamento de Estado publicó “el volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos” y “el volumen II cubre el lavado de dinero y los delitos financieros”.
En el caso de Nicaragua, el volumen I señala que “Nicaragua no es un centro financiero regional, pero sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción, falta de transparencia, narcotráfico, un gran sector informal e instituciones politizadas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT)”.
Subraya el “fracaso del gobierno” para actuar contra el lavado de dinero, mientras persigue a líderes de la oposición, lo que “ha empañado su credibilidad”.
“Nicaragua sigue siendo un país de tránsito de narcóticos y contrabando ilegal de oro y es vulnerable a lavado de dinero. El crimen organizado, los delitos cibernéticos y la trata de personas también pueden aumentar debido a tres años de recesión económica e inestabilidad política, presentando vulnerabilidades”, reza el texto.
Detalla que el “lavado de dinero basado en el comercio en industrias prósperas, como el oro y la carne, constituye una vulnerabilidad, especialmente para las operaciones de pequeña escala que dependen del efectivo”.
Estados Unidos resaltó que el oro es la principal exportación de Nicaragua y los expertos han expresado su preocupación de que el régimen de Ortega podría “usar el comercio de oro para eludir las sanciones de Estados Unidos”.
“Nicaragua no tiene un centro financiero extraterritorial; sin embargo, los medios independientes reportan corruptos funcionarios que tenían fondos en bancos extraterritoriales”, apuntó.
“Nicaragua no ofrece programas de ciudadanía económica pero brinda asilo y ciudadanía a aliados políticos investigados por corrupción en sus países de origen. En julio, el gobierno otorgó la ciudadanía al expresidente de El Salvador Sánchez Cerén y miembros de su familia”, agregó.
El informe también menciona a las instituciones politizadas que “siguen siendo motivo de preocupación”.
En ese sentido, detalló que la reforma a la Ley 977, adiciona al Ejército de Nicaragua ante el Consejo Nacional, lo que plantea interrogantes sobre el papel del Ejército en un conflicto civil y su función reguladora.
También señaló que la Cancillería no ha compartido información sobre investigaciones, procesamientos y dinero incautado relacionados con lavado de dinero para 2021.
Control de Drogas y Químicos
En este informe se apunta a Nicaragua como un país de tránsito de las organizaciones narcotraficantes por vía terrestre, marítima y aérea para el contrabando de cocaína desde América del Sur a los Estados Unidos.
“El país tiene largas costas, las fronteras porosas y la región del Caribe escasamente poblada proporcionan un entorno favorable al movimiento de personas y contrabando. Nicaragua tiene limitaciones técnicas y logísticas. incapacidad para realizar operaciones de interdicción, incluida la falta de recursos aéreos dedicados”, expuso.
Agregó que en el país “algunos traficantes operan libremente. La corrupción y el desvío de recursos para perseguir políticos opositores, miembros de la sociedad civil y periodistas limitaron la efectividad de Nicaragua en lucha contra el narcotráfico durante 2021”.
“La limitada capacidad de interdicción de Nicaragua, la ineficiencia institucional y la corrupción entorpece sus esfuerzos contra el narcotráfico. A pesar de la recesión económica y la reducción de la ayuda exterior, los presupuestos de la policía y de los militares nicaragüenses se han mantenido igual. No obstante, la estabilidad presupuestaria no ha aumentado la eficacia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. El gobierno ha priorizado una medidas enérgicas contra los grupos políticos de oposición, reasignando recursos para este fin”, reprochó Estados Unidos.
Añadió que en los primeros ocho meses de 2021, las fuerzas de seguridad de Nicaragua reportaron haber realizado 56 operativos que tenían como objetivo el narcotráfico internacional, el lavado de dinero y el crimen organizado, de 43 en 2020. También realizaron 8.656 operaciones nacionales, una disminución de 13.824 en los primeros nueve meses de 2020.
“La disminución significativa se debe a la disminución en las operaciones dirigidas narcotraficantes de barrio, pasando de 10.307 operaciones durante los primeros nueve meses de 2020 a 4.589 en los primeros ocho meses de 2021”, criticó.
Asimismo, indicó que Nicaragua no comparte información sobre los métodos de destrucción de drogas ilícitas con los Estados Unidos u otros organismos nacionales o no gubernamentales.
“La falta de estadísticas nacionales confiables sobre el consumo de drogas dificulta la medición del efecto de los programas de prevención y tratamiento. Los estudios muestran un bajo uso de los servicios de rehabilitación, posiblemente debido a la falta de conocimiento o disponibilidad limitada de servicios en las comunidades”.
Estados Unidos también criticó que el régimen haya cerrado varias organizaciones de la sociedad civil que implementan estrategias de prevención de drogas. “Las organizaciones que quedan reportan aumento en el consumo de drogas entre los jóvenes, poniendo en duda la eficacia del gobierno”.
“Como cuestión de política, el Gobierno de Nicaragua no fomenta ni facilita la venta de drogas ilícitas, producción o distribución. Sin embargo, la corrupción desenfrenada dificulta la eficacia de la seguridad”, insistió.
El informe concluye con que en Nicaragua existe un “gobierno autoritario, la crisis política y la corrupción han obstaculizado la capacidad para abordar eficazmente el narcotráfico”.
“Mientras el Gobierno de Nicaragua prioriza la represión de los opositores políticos sobre los esfuerzos de aplicación de la ley, limitará su éxito en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un esfuerzo más fuerte y más sostenible contra organizaciones narcotraficantes requeriría un cambio sustancial en la política gubernamental y la profesionalización de las fuerzas de seguridad”, finalizó.