La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo este martes un llamado “urgente” a organismos internacionales para “restaurar las libertades en Nicaragua”, que, según concluyó una misión virtual de la organización con sede en Miami, es un “país sin ley y sin justicia”.
Debido a restricciones sanitarias y a limitaciones para ingresar en Nicaragua, una delegación de la SIP dialogó de manera virtual con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil, según un comunicado.
La denominada misión de la SIP recogió “crudos testimonios” sobre “la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo”.
Los participantes en las conversaciones, en las que también se encontraban académicos, empresarios y representantes de la Iglesia Católica del país, hicieron denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares muchas veces encapuchados, que realizan “desmanes en viviendas ya allanadas”, según el reporte preliminar publicado hoy.
“Las personas son apresadas sin que se les informen las causas, la policía emite comunicados en los que se afirma que violaron la ley, lo que vulnera la presunción de inocencia, y recién después un juez toma conocimiento de la causa y da supuesto sustento al operativo”, expuso uno de los entrevistados, según recoge la SIP.
“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones.
La organización regional, que tiene su sede en Miami (EE.UU.), recordó que el 20 de mayo último fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos ‘Esta Semana’ y ‘Esta Noche’, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro.
Asimismo, añadió, periodistas que informaban sobre el operativo fueron reprimidos o detenidos y hubo requisa de equipos.
A partir de entonces, 21 personas fueron encarceladas e incomunicadas o sometidas a prisión domiciliaria, entre ellas cinco precandidatos presidenciales.
Además, enumera la SIP, se ordenaron restricciones migratorias para periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta, y más de 30 reporteros y editores fueron citados por la Fiscalía y se les consulta cómo consiguen información y cómo la difunden.
El presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati, señaló que las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, como establece el cronograma, solo serán libres y transparentes si se recupera el pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, así como las garantías del debido proceso judicial.
La entidad exhortó a organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades de expresión y de prensa a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de periodistas y detenidos por motivaciones políticas.
También pedirá que la prensa internacional continúe informando para mantener viva la conciencia sobre la crítica situación en Nicaragua, dice el comunicado de la SIP.
La SIP entregará el informe completo a su Comité Ejecutivo el 16 de julio próximo y prevé asimismo enviar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
*Con EFE