*Por José Antonio Peraza
El desafío de recuperar la vida en libertad, la democracia, sin caer en la especulación entre el accionar a través de la violencia contra el régimen y la inacción en espera de la extinción biológica de sus líderes. La búsqueda del camino político a través de la reforma electoral.
La gran pregunta en Nicaragua siempre ha sido cómo resolver la inestabilidad política endémica del país. Esta es una pregunta que aún hoy no tiene una respuesta clara y contundente, de parte de los principales grupos políticos. Unos han optado por la violencia, es decir, su propuesta es que en Nicaragua nada cambia si no se utiliza la violencia con su salto de inestabilidad, muerte, dolor.
Los promotores de esta tesis vociferan que ya están listos para hacer “acciones contundentes” para terminar de una vez por todas con la dictadura. Para este grupo, todos los que hablamos con objetividad, sin odios y con relativa tranquilidad somos blandengues y cobardes. Según ellos, van a asumir, no sabemos cuándo, las grandes acciones y consecuencias que implica enfrentar una dictadura sin propuesta alternativa, sin organización y sin recursos. Su proposición es desconocer al régimen, ordenarle que abandone el poder, y si no lo hace, van a dirigir hacia el grupo en el poder la violencia. Nunca explican cómo van a cumplir sus promesas.
Existe otro grupo, tan peligroso para la construcción de la democracia como el primero. Los que no quieren hacer nada, buscan todas las argumentaciones para justificar que la única solución al problema de Nicaragua es la biología. Para ellos, hay que esperar la muerte de Ortega para que inicie la transición democrática, que, desde luego, ellos esperan conducir desde su sapiencia y prudencia.
Nuevamente, tenemos dos posiciones irreconciliables, una, la de subvertir todo el sistema porque nada sirve, y la otra, de no hacer nada, hasta que todo cambie de forma ordenada y programada. En esta última tesis prevalece la idea de que ellos son la reserva de la sensatez y el estoicismo que debe prevalecer sobre los bárbaros, resentidos y facinerosos.
En el caso de Nicaragua, siempre he pensado que, particularmente en este momento histórico específico, es importante guiarnos por la lógica del justo medio de Aristóteles que es “la recta razón que decide el hombre prudente”. Una posición intermedia entre los “excesos” y “los defectos”. Equilibrio entre las pasiones desbordadas que tienden a la anarquía y los defectos que nos imponen el inmovilismo y la heteronomía (donde sólo actúan los imperativos de la voluntad fuera de nosotros mismos) que nos demandan resignación y aceptación de una realidad que nos agobia y restringe.
Enmarcados en esas dos tradiciones, es que posteriormente a la rebelión de abril de 2018, con su saldo de asesinatos y represión, se llegó al proceso electoral general (elección de presidente y diputados) de 2021 y después al proceso electoral municipal (2022). Este fue el camino que la mayoría de los grupos de oposición a Daniel Ortega siguieron para resolver la crisis política que generó la rebelión de 2018.
Algunos de los grupos que apoyaron esta salida democrática e institucional fueron la Conferencia Episcopal, el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de la Unión Europea, los líderes políticos tradicionales y los nuevos líderes nacidos de la revuelta de abril, los grupos empresariales y la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil. Existía la creencia que aún se podía celebrar un proceso electoral, en condiciones muy difíciles, que permitiese generar una transición política menos traumática a los ya experimentados.
Esta transición política democrática e institucional estaba cuestionada por muchos sectores de la población, debido a la represión que el régimen de Ortega había desatado contra las protestas de la población desarmada. Muchos argumentaron con razón que como se iba ir a un proceso electoral con Ortega controlando todos los poderes del Estado, especialmente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y los órganos represivos de la policía y el ejército; que Ortega nunca había dado elecciones libres sin una presión armada, y que había demostrado con la represión política que estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer con tal de conservar el poder.
No obstante, aún en el mes de mayo de 2021, la mayoría de la oposición política todavía veía viable un proceso electoral que, aunque difícil, daba la posibilidad de presentarle pelea a Ortega en la arena electoral. A pesar de sus contradicciones internas la oposición nicaragüense buscó como presentar un candidato único que pudiese desafiar a Ortega. Esta posibilidad fue abortada con el apresamiento de los candidatos a la presidencia de la república y de los principales líderes de la oposición.
La posibilidad de que Ortega cerrara la opción de medirse en un proceso electoral medianamente libre se atisbó cuando su bancada presentó ante la Asamblea Nacional de forma tardía, el 12 de abril de 2021, un proyecto de Reforma Electoral que no garantizaba elecciones libres, justas y transparentes. Esta Reforma Electoral había sido la principal demanda de la comunidad internacional y de los grupos representativos de la oposición política nicaragüense para participar en el proceso electoral
La propuesta electoral aprobada por Ortega no satisfizo a nadie. El principal grupo de expertos electorales de Nicaragua, el Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE), resumió sus conclusiones jurídicas-técnicas sobre la propuesta de reforma enviada por Ortega, así: “que el contenido (de la propuesta) expresaba la falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables y que apuntan a establecer un marco legal que le supongan ventajas ostensibles en la administración y control partidario del proceso electoral”. Por tanto, el GPRE consideró la Reforma Electoral de Ortega como una contrarreforma porque desconoció el consenso nacional alcanzado por la oposición el 18 de septiembre de 2020 y la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 21 de octubre de 2020.
Básicamente, el consenso nacional nicaragüense definió que el país necesitaba una Reforma Electoral que contuviera elementos indispensables para garantizar que el CSE recuperara entre la población, entre los partidos políticos y en la comunidad internacional, la confianza suficiente como rector del sistema electoral, y así poder gerenciar, procesos electorales libres, transparentes y justos.
Para lograr ese objetivo, el GPRE planteó las siguientes transformaciones: modernizar y restructurar el CSE; observación electoral nacional e internacional irrestricta; auditoría y depuración del Padrón Electoral; aseguramiento del proceso de cedulación; fiscalización total y efectiva de los fiscales de los partidos políticos de todo el proceso electoral; publicación en tiempo real en la Web del CSE del 100% de las actas electorales; procedimientos claros y seguros para interponer recursos de impugnación; reducir la discrecionalidad del CSE; garantizar la participación política de los exiliados políticos; autonomía para que los partidos políticos integren alianzas, decidiendo ellos siglas, bandera, emblema, representante legal; que las alianzas puedan tener casilla independiente y candidatos con base en los acuerdos y estatutos políticos establecidos en dicha alianza.
La propuesta de la comunidad interamericana, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue que para que Nicaragua tuviese elecciones libres y justas se debía entrar en un proceso de negociaciones “incluyentes y oportunos” entre el gobierno de Nicaragua y la oposición nicaragüense. Estas negociaciones debían darse en torno a medidas de Reforma Electoral “significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables” para poder desarrollar “elecciones libres y justas”.
Este proceso impulsado por la OEA requería de las siguientes reformas: modernización y restructuración del CSE; apertura de un proceso político que garantice el ejercicio de los derechos civiles y políticos; el registro abierto de nuevos partidos políticos; actualización de los registros de votación y auditoría independiente de los listados de votantes; observación electoral internacional “independiente, fidedigna y acreditada”; registro de votantes transparente y efectivo; “distribución de tarjetas de identificación y gestión de los centros de votación”; recuento transparente de los resultados electorales y su publicación en tiempo real; procedimientos adecuados para presentar quejas sobre la conducción de las elecciones, sus resultados y los procedimientos para resolverlos.
Después de los fraudes electorales perpetrados por Ortega, nuevamente, los nicaragüenses estamos atrapados en el dilema de cómo resolver nuestros problemas políticos: explotando todo el sistema o esperando que la realidad actúe biológicamente, simplemente, aguardando que Ortega desaparezca. Ambas opciones no satisfacen, una porque ya la hemos intentado y lo que ha generado es otro dictador. La segunda no es viable porque los pueblos deben luchar por su libertad, si no lo hacen, se acostumbrarán a vivir en la esclavitud. Peor aún estaríamos poniendo las bases para otra dinastía familiar, que al final, terminará en otra guerra civil que reiniciará el ciclo vicioso otra vez.
La historia parece indicarnos a los nicaragüenses que estamos condenados a luchar por nuestras libertades de forma más cerebral, alejándonos para siempre de las soluciones emocionales que no han dado buenos resultados, más bien, han tenido con – secuencias nefastas en nuestra historia. Es en ese sentido que la Reforma Electoral tiene sentido. Nos permitiría una transición política atípica, que podría marcar una nueva tradición política que nos aleje de los errores del siglo XIX y XX.
Pero este no es un asunto de voluntades y deseos, Ortega no le va conceder nada gratis al pueblo de Nicaragua. Sin presión suficiente no se obtendrán resultados. Únicamente, si Ortega ve amenazada su seguridad y la de los que lo rodean, tomará en serio en sus consideraciones permitir una salida política a la crisis política que vive el país.
Los problemas están planteados y las soluciones también. Pero si de algo debemos estar claros, es que haciendo lo que hemos hecho durante los dos últimos siglos, no lograremos superar la primera gran crisis del siglo XXI sin violencia. Como siempre he dicho, ya perdimos el siglo XIX y el XX, tenemos que hacer un esfuerzo denodado para no perder el siglo XXI.
“Únicamente, si Ortega ve amenazada su seguridad y la de los que lo rodean, tomará en serio en sus consideraciones permitir una salida política a la crisis política que vive el país”.
**Politólogo por la Universidad de Costa Rica (UCR), especialista en Sistemas Políticos y Electorales, con Máster de la Universidad Americana (UAM) en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Fue Director Ejecutivo del Movimiento por Nicaragua (MpN), miembro del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco, y trabajó con el Grupo Promotor de Reformas Electorales (GEPRE), desde donde promovió reformas concretas para el sistema electoral nicaragüense. Peraza es autor de una investigación reveladora que ofreció detalles del fraude electoral perpetrado por el régimen de Ortega en las municipales de 2008 y las generales de 2011, llegando a ser la voz más autorizada para denunciar la falta de garantías del proceso electoral del 7 de noviembre de 2021, razones por las que fue detenido el 26 de julio de ese año por la Policía Política del Régimen Ortega-Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 20 de junio de 2022 la Resolución 26/2022, mediante la cual otorgó medidas cautelares a su favor y a su núcleo familiar, tras considerar la CIDH que se encuentran en riesgo de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua. Fue recientemente expulsado de Nicaragua y despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega – Murillo.