Nicaragüenses trabajan en Costa Rica como guardas informales en agotadoras jornadas, sin equipo de protección o acceso a servicios básicos

Miles de familias costarricenses de clase media confían su seguridad a guardas informales que ponen el cuerpo ante la criminalidad, aún teniendo paupérrimas condiciones laborales y ganando menos del mínimo

José Andrés tiene cinco años de ser guarda de un condominio vertical en San José, Costa Rica. Trabaja siete días a la semana en jornadas de doce o más horas, sin recesos o seguro de riesgos del trabajo.

En su criterio, sus condiciones laborales son buenas y está “muy agradecido” con el trabajo, aunque su ingreso apenas alcanza el mínimo de ley (¢351.965,23, que está planteado para jornadas de 48 horas, no de 84 o más, como él).

En la caseta en la que transcurre más de la mitad de su vida hay un servicio sanitario, un lavamanos, un microondas y un coffee maker, todo en menos de 3 metros cuadrados. Cuando llueve, a veces se mete el agua por la ventana que tiene años quebrada y cuando hace frío, toca aguantar.

Llegó al país hace 12 años buscando un mejor futuro para su familia y según dice, lo ha conseguido. Luego de unos años trabajando en construcción, logró ubicarse como guarda en el mencionado condominio y está contento porque pudo traerse a sus hijos, que se habían quedado atrás cuando migró.

Con lo que gana cubre los gastos de su familia y envía un dinerito a su natal Managua. “Mis hijos todos están estudiando y en colegios técnicos, que son muy buenos aquí. Aunque sí cuesta mucho y todo es carísimo, hemos salido adelante y los muchachos van a tener un mejor futuro, eso es lo que importa”, dice.

Como José Andrés, cientos de migrantes nicaragüenses cuidan, cada día y cada noche, haga sol, llueva o tiemble, los barrios donde vive la clase media costarricense, y enfrentan pésimas condiciones laborales, que se agravan si están en condición irregular, pues muchas veces ni siquiera conocen sus derechos.

Esto concluye el estudio Personas trabajadoras migrantes nicaragüenses en el sector de la seguridad privada informal del Programa: Migraciones, cambio social e identidades, del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, publicado el año pasado.

El documento recoge el resultado de 50 entrevistas a personas migrantes que trabajan en ese sector y muestra una triste fotografía del trato que reciben en ese país: jornadas laborales de 12 o más horas, inexistencia de días libres, vacaciones o seguro social, aunado a un salario que no llega ni al mínimo de ley, son comunes en el día a día de estos “guachimanes”.

Lo que es más preocupante, dice Cynthia Mora, investigadora a cargo del estudio, es que estos trabajadores dicen estar “conformes o satisfechos” y hasta “agradecidos con el trabajo”, a pesar de las condiciones que enfrentan.

En su criterio y, especialmente, cuando estas personas tienen un estatus migratorio irregular, “no se sienten sujetos de derechos” y aceptan condiciones por debajo de lo legal.

Por ejemplo, Francisco, otro guarda, trabaja cuidando un barrio de Guadalupe y aunque labora todos los días 10 horas, ni siquiera tiene un ingreso fijo porque depende de lo que cada casa pague semana a semana, si es que pagan.

En esa urbanización, cuenta, hay 123 casas y solo unas 70 pagan seguridad.Hay gente que me da diez mil pesos semanales, otra que me da eso al mes, entonces, depende. Uno nunca sabe si al final de mes le van a salir las cuentas”.

“Hay que idear estrategias para llegar a ellos y que sean más conscientes de sus derechos laborales, pero también hacerle ver a la población costarricense que consume estos servicios, que tiene una responsabilidad”, dice la investigadora.

La caseta de “don Chico” está en mal estado, no tiene servicio sanitario, microondas o donde hacer café, apenas tiene agua potable. La gente de la cuadra dice que lo aprecia y que el servicio que brinda es necesario, pero ese aprecio no se traduce en mejorar sus condiciones de trabajo o procurar que, al menos, pueda comer caliente y atender sus necesidades fisiológicas durante su jornada.

Una quisiera pagarle más, que tuviera seguro, buen salario, vacaciones y todo eso, pero tampoco se puede, este no es un barrio de ricos”, explica una vecina.

Es una disyuntiva muy compleja y la institucionalidad está llamada a ver cómo regula esto, hay que crear figuras que contribuyan para que estas personas tengan condiciones laborales seguras y adecuadas”, dice Mora, que reclama mayor involucramiento tanto de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como de los gobiernos locales y la sociedad civil.

La dura realidad laboral de los “guachimanes” en ocho datos

Del estudio de IDESPO se desprenden una serie de datos que evidencian un total irrespeto a los derechos laborales e incluso a la dignidad humana de quienes cuidan los barrios del país.

De los 50 hombres que respondieron la entrevista, la mayoría (74%) migraron al país buscando un mejor trabajo aunque solo el 32% de ellos tenía una opción de trabajo al llegar y el 38% trabajó en obras de construcción antes de ser guarda.

Llama la atención que el 20% de estos trabajadores no tienen compañeros o tienen solo uno (42%), lo que explica las jornadas extenuantes  y que casi la mitad (23) trabaje todos los días de la semana, sin descanso.

Además, la gran mayoría (80%) trabaja 12 horas diarias o más, mientras que solo el 20% tiene una jornada de entre 8 y 11 horas, y menos de la mitad tiene derecho a un receso durante esa jornada. La gran mayoría (70%) no tienen equipo de protección y los que tienen, usan una bataca o black jack o un chaleco reflectivo, pues el 96% no tiene permiso de portación de armas.

Yo vacilo que trabajo de sapo, porque no es como que puedo realmente hacer nada si alguien se mete a una casa o lo asaltan, solo puedo llamar a la Policía”, cuenta Rigo, un guarda de barrio en Heredia.

A pesar de la peligrosidad y lo extenso de las jornadas laborales, de las personas entrevistadas solamente tres (es decir, el 6%) tiene un salario de más de ¢350.000, lo que implica que solo a esa población se le paga el salario mínimo de ley.

La mayoría (58%) gana incluso menos de ¢250.000, con un 16% que recibe menos de ¢150.000 y solo el 36% devenga entre ¢250.000 y ¢350.000.

Sobre las condiciones físicas del lugar de trabajo, si bien casi todos tienen una casetilla para resguardarse, el 20% no tienen acceso a agua potable, el 28% no tiene donde calentar comida y el 40% ni siquiera tiene servicio sanitario.

La mayor parte de estos “guachimanes” no tienen oficialmente un contrato de trabajo, sino que fueron contactados por un grupo de vecinos (58%), mientras que el 18% fueron contratados por otro guarda, 16% por un contratista y 8% por algún conocido, amigo o familiar. Además, de los 29 que fueron contratados por grupos de vecinos más de la mitad tienen que ir cobrando “puerta por puerta”.

Como si el panorama no fuera ya difícil, solamente 6 (12%) de los 50 guardas dice tener seguro de salud por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) pagado por su patrono, solo el 32% tienen derecho a vacaciones, el 26% recibe pagos de horas extra y el 20% por incapacidades.

*Con información de Semanario Universidad

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