Con 24 votos a favor, 19 abstenciones y 4 en contra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes una resolución condenando al régimen de Daniel Ortega por las graves violaciones de derechos humanos e instándole a que cese esos abusos.
La resolución demanda a Ortega que debe abstenerse de actos de intimidación y represalia y debe garantizar urgentemente la rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos humanos, que han sido ampliamente denunciadas.
Esta importante resolución da continuidad a la ya adoptada por el organismo de la ONU en marzo de 2019. Además, refuerza el mandato otorgado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de priorizar el monitoreo de la situación en Nicaragua; debe preparar un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos en el país, incluidas las mejoras y los desafíos, que se presentará al Consejo para su debate entre los estados miembros.
La ONU indicó que tiene presente la persistente crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, documentada en el informe de la Alta Comisionada, y sus repercusiones negativas en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Por ello señaló que la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales “es esencial para encontrar un solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en Nicaragua, como también lo es la participación sin trabas de la oposición política y de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.
Estos son los 13 puntos que la ONU expresa en su resolución:
1. Expresa gran preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018 y de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos armados, así como por las denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, y torturas y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión.
2. Expresa preocupación por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua contra la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, los líderes comunitarios y religiosos, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, los estudiantes, las víctimas y sus familiares.
3. Insta al régimen de Ortega a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación, la fiscalía y el poder judicial, autorizando las manifestaciones pacíficas y públicas, restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes que habían sido disueltos, y devolviendo los bienes incautados.
4. Exhorta al régimen de Ortega a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias o a las medidas alternativas a la privación de libertad para reprimir la disidencia, ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente, respete las debidas garantías procesales, vele por que las condiciones de reclusión se ajusten a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y a las obligaciones y normas aplicables en materia de derechos humanos, realice investigaciones diligentes e imparciales de todas las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales, tortura o malos tratos, y adopte medidas eficaces contra la violencia sexual y de género.
5. Insta al régimen de Ortega a que garantice un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, y condiciones adecuadas para que puedan realizar su labor libremente.
6. Exhorta al régimen de Ortega a que adopte medidas eficaces para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
7. Insta al régimen de Ortega a que adopte un plan de acción integral orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y se centre en las víctimas y en los supervivientes, como recomendó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe, y que contemple, entre otros, investigaciones y actuaciones judiciales penales rápidas, exhaustivas y transparentes de todas las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos ocurridos desde 2018; medidas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición; consultas participativas e inclusivas con el fin de reformar el sector judicial; y una reforma integral del sector de la seguridad, en particular la desarticulación y el desarme de los grupos armados.
8. Exhorta al régimen de Ortega a que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas permitiendo el acceso sin trabas a todo el país y facilitando las visitas, y considere favorablemente las recomendaciones formuladas en sus informes y los ofrecimientos de asistencia técnica, y a que refuerce su cooperación con los órganos de tratados pertinentes.
9. Exhorta también al régimen de Ortega a que impida, evite, condene públicamente, investigue y sancione todo acto de intimidación o represalia, incluidos los actos cometidos contra quienes cooperan o intentan cooperar con los órganos internacionales y regionales, en particular las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o con la Organización de los Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
10. Exhorta además al régimen de Ortega a que vele por un diálogo nacional amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente en el que participen todas las partes, e insta al régimen a que aplique plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019, y, a este respecto, solicita a la comunidad internacional que apoye esos esfuerzos.
11. Insta al régimen de Ortega y a las instituciones electorales pertinentes a que emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes.
12. Alienta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos a que prosigan e intensifiquen su cooperación con miras la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua.
13. Solicita a la Alta Comisionada que refuerce el seguimiento llevado a cabo por la Oficina del Alto Comisionado y siga informando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, entre otros medios preparando un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto, y que someta dicho informe al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo, y presente oralmente al Consejo, en sus período de sesiones 44º y 45º, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos.