La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) demandó al régimen de Daniel Ortega cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de principios y directrices sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales, en referencia a los más de 800 nicaragüenses varados en el exterior.
La oficina de la ONU sostuvo este lunes que tiene conocimiento de la situación que actualmente enfrentan alrededor de 850 nicaragüenses en zonas fronterizas en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, y Panamá “en condiciones precarias a la espera de la autorización por parte de las autoridades de Nicaragua para retornar a su país”.
Es por ello, que OACNUDH recordó que al implementar controles fronterizos y medidas más estrictas en las fronteras en el contexto de la COVID-19, los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales.
En este caso, el derecho internacional de los derechos humanos establece que “todos los migrantes, con independencia de su situación legal, la forma como llegan a la frontera, el lugar de donde proceden o su aspecto físico, tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos”.
Desde hace más de una semana, más de 500 nicaragüenses permanecen varados en la frontera de Peñas Blancas, luego de negarles el ingreso, el régimen de Ortega dispuso desde el miércoles pasado la obligatoriedad de presentar una prueba negativa de COVID-19 con un máximo de 72 horas de antelación a los que quieran ingresar al territorio, sean nacionales o extranjeros.
Pedir esa prueba “es arbitrario para un nacional, sobre todo porque debe hacerla con los privados y es cara. ¡Por Dios! si la gente se está regresando por la palazón (sin dinero), están desempleados y quieren estar con su familia”, dijo a la agencia AFP Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más.