El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien estaba a cargo de la Diócesis de Matagalpa, cumplió más de tres meses encerrado en una residencia en la capital sin que se conozcan cargos en su contra.
La justicia orteguista acusó a siete personas que se encontraban junto al religioso del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
La acusación se dio luego de que el obispo Álvarez fuera sacado por la Policía en horas de la madrugada del 19 de agosto y trasladado con las 7 personas que lo acompañaban a Managua.
El obispo fue llevado, según la Policía, a una casa donde se encuentra “bajo resguardo domiciliar” y los acompañantes fueron trasladados a la cárcel conocida como El Chipote.
Dentro de los acusados se encuentran cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa.
No existe acusación pese a que está encerrado en una vivienda
De acuerdo con una reforma al Código Procesal de Nicaragua, una persona puede ser investigada durante tres meses sin que se le imputen cargos, pero para ello debe realizarse una audiencia preliminar en donde un juez dicte la necesidad de ampliar el caso.
“Se trata de una detención arbitraria e inconstitucional, está privada su libertad. La Constitución se encarga de señalar que una persona puede ser privada de libertad por ser encontrada en «flagrante delito» o por una orden judicial”, dijo al respecto el abogado del Colectivo de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión.
En eso coincide la investigadora y abogada Martha Patricia Molina, quien recalca que en el sistema judicial no aparece ninguna acusación en contra de monseñor Álvarez, de modo que considera que su condición se podría calificar como “secuestro”.
“La situación del obispo Álvarez es de secuestro. Fue trasladado hacia otro local, ya lleva 97 días secuestrado, en este delito penal, se agrava cuando pasan diez días de secuestrado y es más grave cuando está involucrada una autoridad”, asegura la experta a la VOA.
El régimen de Ortega no se ha pronunciado al respecto, sin embargo la Policía dijo en una nota de prensa el día de la detención que esta fue realizada “al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras” supuestamente auspiciadas por el religioso.
“Lo más lógico es que después de la detención se pronunciara la Policía, y dijeran en una audiencia de garantías que (el sacerdote) será investigado por 90 días, él sigue bajo secuestro”, indicó Molina.
*Con VOA