Un borrador sobre la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Nicaragua y que será presentado en octubre próximo le exigirá al dictador Daniel Ortega tener listas unas reformas electorales a más tardar el 3 de noviembre de 2020, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
El borrador que ha sido filtrado a medios de comunicación señala que entre las propuestas de la OEA para las reformas electorales está que, en las elecciones de 2021, haya “observación electoral internacional independiente, creíble y acreditada”.
“Instar a que el proceso de reforma finalice al menos 12 meses antes de la fecha de las elecciones y que la ventana de tiempo para estas elecciones no puede ser anterior a 8 meses después de la fecha de esta resolución y no más tarde del primer domingo de noviembre de 2021”, reza el proyecto de resolución que habría sido elaborado desde diciembre de 2019 y que será presentado por uno de los representantes del Grupo de Trabajo de la OEA, ante la Asamblea General en octubre próximo.
En el proyecto de resolución prevén “exigir el restablecimiento del orden constitucional y las libertades civiles básicas mediante elecciones presidenciales y legislativas nacionales libres y transparentes, que se organizarán en un plazo razonable”, considerando que la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua concluyó que en el país existe una “alteración del orden constitucional que socava el orden democrático”.
Al mismo tiempo, el borrador le solicita a la Secretaría General de la OEA que apoye un proceso de negociación incluyente entre el régimen de Daniel Ortega y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense, “a fin de acordar las medidas electorales fundamentales”.
Estas son las propuestas que la OEA hará a Ortega en torno a las reformas electorales:
1. Observación electoral internacional independiente, creíble y acreditada;
b. Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluido el derecho de reunión libre, el derecho a la expresión y el registro abierto de nuevos partidos políticos;
2. Modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral mediante el cambio de magistrados y empleados a nivel de director y director general y mediante el establecimiento de mecanismos independientes de transparencia y rendición de cuentas;
3. Revisión técnica independiente y actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes;
e. prohibición de manifestaciones partidistas en los colegios electorales y normas de imparcialidad de los trabajadores electorales;
4. El desmantelamiento inmediato de las fuerzas policiales auxiliares y la milicia armada del partido gobernante;
5. La restitución inmediata de las libertades civiles y políticas;
h. proceso transparente para la aplicación y distribución de tarjetas de identificación de votantes;
6. Distribución geográfica transparente de los centros de votación;
7. Recuento transparente y consolidación de resultados y publicación de resultados en tiempo real; y
8. Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducta y los resultados electorales, y procedimientos para resolverlos.
Para el jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional señaló que habrá que esperar, puesto que el documento es un borrador el cual puede estar sometido a muchos cambios.
“(Ortega) tiene que estar clarísimo cuál es el juego al que va a entrar y por eso es importante una resolución fuerte de la OEA; que aclare que si no se dan las elecciones que tienen obligación de dar en cuanto a calidad democrática el régimen, entonces tiene que aplicarse la carta Democrática Interamericana con todas sus consecuencias”, dijo Pallais al portal Obrera de la Tecla.
“Si el régimen no celebra elecciones con los estándares democráticos internacionales, bajo las referencias de la OEA, las consecuencias pueden ser declarar la ilegitimidad”, agregó.