El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 alertó en su último informe que a casi seis meses del reporte del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, “se desconoce la verdadera magnitud de la pandemia”.
“Nicaragua tiene derecho a conocer el verdadero comportamiento de la COVID-19, solo teniendo el conocimiento sabremos a qué nos enfrentamos y cómo prepararnos”, señaló el observatorio que contabiliza unas 2.707 personas fallecidas con síntomas del COVID-19 o causa de neumonía, y 10.205 casos sospechosos de la enfermedad.
El observatorio dijo que “la ausencia de una respuesta responsable y adecuadamente guiada por las autoridades nacionales ha significado una serie de sacrificios de la ciudadanía, para su salud física, su salud mental y su vida”, y que “hay personas que están próximas a cumplir seis meses de encierro en sus casas”.
Asimismo, criticó que “la negación del Ministerio de Salud a realizar la prueba RT-PCR para el diagnóstico de COVID-19 ha causado que los hogares deban asumir como gasto propio (o de bolsillo) múltiples pruebas sugestivas de laboratorio”.
“Esto ha significado una seria afectación para la economía familiar, que se suma a la crisis económica arrastrada desde 2018 en el país”, reprochó.
Para el observatorio, “la incertidumbre causada por el desconocimiento de las mejores prácticas en el tratamiento de la enfermedad también ha provocado serios desórdenes en el mercado farmacéutico”.
Estos desórdenes en el mercado farmacéutico incluyen: escasez, acaparamiento, uso irracional de medicamento, incremento no justificado de los precios y en este momento una caída de esos precios. “Todo ese gasto repercute en la economía, en general de todas las familias, pero con un mayor impacto a las familias en situación de pobreza”, sostuvo el observatorio.
Por tanto, exigió al MINSA cumplir “con su responsabilidad de regir la salud pública, que incluye informar a la población para que conozca sus riesgos y de esta manera sepa cómo protegerse”.
“Exigimos que el Ministerio de Salud cumpla con su responsabilidad de la rectoría de la salud pública, que incluye informar a la población para que conozca sus riesgos y de esta manera sepa cómo protegerse. Hasta el momento los vacíos de información expresan debilidad de esta institución al no identificar ‘zona de circulación activa’ del virus en el país entre otras preguntas que aún no han sido contestadas por las autoridades”, demandó.