Nacionales / Salud y Vida · 12/09/2020

Observatorio Ciudadano eleva a 2.707 las muertes sospechosas de COVID-19 en Nicaragua

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó el viernes que unas 2.707 personas han fallecido en Nicaragua con síntomas del COVID-19 o causa de neumonía, incluido ocho en la última semana.

El observatorio, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, también reportó 10.205 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado 9 de septiembre, superior a los registros brindados por el Ministerio de Salud (MINSA).

Hasta el martes pasado, el MINSA reportaba 4.818 casos confirmados, 1.091 activos, 3.583 recuperados y 144 fallecidos, para una tasa de letalidad del 3%.

“SE DESCONOCE MAGNITUD DE LA PANDEMIA”

“A casi seis meses del reporte del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, se desconoce la verdadera magnitud de la pandemia”, aseguró el observatorio.

“Nicaragua tiene derecho a conocer el verdadero comportamiento de la COVID-19, solo teniendo el conocimiento sabremos a qué nos enfrentamos y cómo prepararnos”, señaló.

El observatorio dijo que “la ausencia de una respuesta responsable y adecuadamente guiada por las autoridades nacionales ha significado una serie de sacrificios de la ciudadanía, para su salud física, su salud mental y su vida”, y que “hay personas que están próximas a cumplir seis meses de encierro en sus casas”.

Asimismo, criticó que “la negación del Ministerio de Salud a realizar la prueba RT-PCR para el diagnóstico de COVID-19 ha causado que los hogares deban asumir como gasto propio (o de bolsillo) múltiples pruebas sugestivas de laboratorio”.

“Esto ha significado una seria afectación para la economía familiar, que se suma a la crisis económica arrastrada desde 2018 en el país”, reprochó.

“DESÓRDENES EN EL MERCADO FARMACÉUTICO”

Para el observatorio, “la incertidumbre causada por el desconocimiento de las mejores prácticas en el tratamiento de la enfermedad también ha provocado serios desórdenes en el mercado farmacéutico”.

Por tanto, exigió al MINSA cumplir “con su responsabilidad de regir la salud pública, que incluye informar a la población para que conozca sus riesgos y de esta manera sepa cómo protegerse”.