El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) rechazó “contundentemente” este viernes la cancelación de la personalidad jurídica de al menos 336 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, por lo que “urgió a las autoridades nicaragüenses a revocar de inmediato estas decisiones arbitrarias”.
Mediante un comunicado el Observatorio internacional sostuvo que “el espacio para la sociedad civil en Nicaragua sigue reduciéndose con la cancelación arbitraria, en menos de un mes, de la personalidad jurídica de otras 177 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones nicaragüenses, entre ellas varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres”.
“El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) denuncia este nuevo ataque a la sociedad civil y urge a las autoridades nicaragüenses a revocar esta decisión y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación”, exigió.
Entre el 4 y el 31 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen Ortega-Murillo, aprobó cuatro Iniciativas de Decreto Legislativo. Las tres primeras prevén la Cancelación de Personalidad Jurídica de 94 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones y la última de 83, por considerar que estas organizaciones “no cumplen con sus obligaciones legales”.
Asimismo, el 1 de junio, se presentó una nueva iniciativa para cancelar la personalidad jurídica de nuevas 96 organizaciones.
Para el Observatorio “estas cancelaciones tienen por objetivo eliminar toda posible visión social y política que difiera a la establecida por el régimen”.
“Este acoso sistemático, característico de un Estado totalitario, no atañe solamente a organizaciones políticas o de defensa de derechos humanos, sino que organizaciones artísticas, periodísticas, educativas, científicas, medioambientales y sociales son también víctimas de la persecución. El objetivo final es eliminar toda posibilidad de una sociedad civil independiente en el país”, apuntó.
El Observatorio reiteró su rechazo “contundentemente” a la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones no gubernamentales “y urge a las autoridades nicaragüenses a revocar de inmediato estas decisiones arbitrarias, y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación, consagrado en la Constitución nicaragüense, así como en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.