El cuanto informe del observatorio independiente ‘Urnas Abiertas’, reportó este miércoles que entre el 1 y el 15 de junio se registraron 225 hechos de violencia política en el contexto electoral de Nicaragua.
“Durante el período de análisis de este informe, se sigue observando el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar la competencia electoral, intentando darle una apariencia de legalidad”, sostuvo el documento.
Urnas Abiertas explicó que el “uso abusivo” del sistema de justicia contra varios líderes opositores se conoce como el “derecho penal del enemigo”, que significa que las personas procesadas son vistas como “enemigos” y por ello van perdiendo el “carácter garantista del sistema penal, y eliminando a los oponentes por la vía judicial”.
En esa línea, el informe hace referencia a las 21 personas han sido detenidas arbitrariamente, entre ellas cinco aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora Barberena. Así como otros liderazgos de oposición, del gremio empresarial, un periodista y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y de Cristiana Chamorro.
“Algunos de los mecanismos que se están utilizando en los casos de persecución judicial ejecutados en junio son: detenciones arbitrarias sin oportuno control judicial; allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes; prolongación de prisión preventiva a 90 días, amparados en la reforma al Código Procesal Penal, como una medida punitiva ‘disciplinadora’ y no porque existan verdaderos indicios de que la persona investigada pueda obstruir el proceso; causas judiciales sin fundamentación sólida; imputaciones sin determinación de delitos; incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, impidiendo de esta manera acceder a la información necesaria para revisar la legalidad de la detención y evitando que se verifique el estado de las personas detenidas; violación a la presunción de inocencia; violación al derecho a la defensa, y falta de acceso a la asistencia legal de su elección; y audiencias clandestinas, sin la participación de la defensa legal de su elección”, precisó.
225 HECHOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN 15 DÍAS
Asimismo, el observatorio destacó que entre el 1 y el 15 de junio de 2021 se registraron 225 hechos de violencia política en el contexto electoral. “Los datos sistematizados hasta el 15 de junio muestran que se dio continuidad a los hechos de persecución judicial iniciados en mayo, combinados con violaciones al debido proceso y otros tratos crueles y degradantes contra las personas detenidas arbitrariamente y judicializadas”.
El informe detalla que quienes más han sufrido la violencia política en el contexto electoral son las organizaciones políticas, movimientos sociales y los medios de comunicación.
Otra situación de preocupación son las agresiones, amenazas y hostigamiento contra organizaciones de defensa de DDHH, especialmente personas que ejercen la defensa jurídica de las y los detenidos arbitrariamente, apuntó.
Los 225 hechos de violencia política fueron cometidos en un 93,78% (211) de manera individual o grupal a ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos políticos, el otro 6,22% (14) de forma institucional, es decir contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas.
Los 225 hechos de violencia política que se cometieron de manera individual o grupal generaron la identificación de 197 víctimas, de estas 58,38% fueron hombres y 41,62% mujeres.
“Este nuevo informe reafirma que a menos de cinco meses de los comicios generales, las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales para desarrollar un proceso electoral el próximo 7 de noviembre, por lo que, se hace necesario garantizar a las y los nicaragüenses, condiciones democráticas que le permitan participan de una contienda cívica, legítima y transparente, de lo contrario, desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente”, concluyó el informe.
*Foto cortesía