El pasado mes de octubre fue “funesto” para la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, donde los periodistas fueron víctimas de agresiones, detenciones o juicios, así como por la aprobación de leyes que atentan contra la profesión, informó este viernes la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
“Octubre de 2020 fue funesto para la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”, destacó la FVBCH, fundada por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), en un informe bajo el título “Censura”.
Dicho informe registró 42 casos de violación a la libertad de prensa en Nicaragua, 30 de los cuales fueron dirigidos contra periodistas, 10 contra medios de comunicación, y dos contra la institucionalidad.
Un total de 25 violaciones contra la prensa fueron identificadas como “agresiones y ataques contra periodistas, fotógrafos, editorialistas, directores de medios, camarógrafos, fotorreporteros y jefes de prensa”, y 10 contra medios de comunicación “como personas jurídicas”.
La FVBCH también registró casos de abuso de poder, detenciones judiciales arbitrarias, discursos estigmatizantes, entre otros.
El informe resaltó que las instituciones del Estado “se han convertido en los principales agentes represivos de la prensa independiente”, al ejecutar el 86% de los ataques, mientras el restante 14% estuvo a cargo de “agentes no estatales”, también conocidos como paramilitares sandinistas.
De acuerdo con la FVBCH, las instituciones que más atentaron contra la libertad de prensa en octubre fueron la Policía, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), la Dirección General de Ingresos (DGI), y la Asamblea Nacional.
“La Policía Nacional es la institución que continúa encabezando la lista de agresiones contra periodistas independientes, usando como método las constantes detenciones, requisas a vehículos, multas por infracción de tránsito, asedios y amenazas”, subrayó el informe.
Sobre Telcor, señaló que obligó a los medios independientes a “transmitir eventos o mítines políticos del partido de Gobierno”, lo que afectó las transmisiones de la Radio Corporación, los canales de televisión 9, 10, 11, 12, 14 y 23.
Con respecto a la DGI, el informe identificó casos de “asfixia económica” o “confiscación simulada”, a través del “cobro de sumas exageradas” en impuestos.
LEYES PUNITIVAS
Mientras que al Parlamento lo citó por haber aprobado la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, así como la puesta en marcha del establecimiento de la cadena perpetua.
Sobre la primera, conocida como “Ley Putin” en Nicaragua, la FVBCH afirmó que “criminaliza el aporte a la construcción democrática de las organizaciones y medios de comunicación independientes”.
Frente a la segunda, denominada en el gremio de periodistas local como “Ley Mordaza”, refirió que “criminaliza el derecho a expresar libremente pensamientos e ideas, y cercena el derecho de opinión sobre la gestión pública”.
El informe no profundizó sobre la cadena perpetua, cuyo proceso de aprobación podría concluir en enero próximo, pero recordó que 2castiga los crímenes de odio”, mismos que quedaron a discreción de las autoridades, cuando la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional la aprobó en primera legislatura, en días recientes.
Con estas leyes, “Nicaragua se sitúa como uno de los países latinoamericanos en donde ejercer el periodismo cada día es más difícil”, advirtió el informe.
“La FVBCH condena rotundamente la criminalización de la libertad de expresión, que como expresaba Pedro Joaquín Chamorro (1924-1978), mártir de las libertades públicas, constituye el pilar fundamental para la construcción de la democracia”, resaltó la Fundación.