OEA aprueba resolución que condena persecución religiosa y violaciones a DDHH en Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que condena la persecución religiosa y violaciones a Derechos Humanos en Nicaragua.

Con 27 votos a favor, 1 en contra (San Vicente y las Granadinas), 4 abstenciones y 2 ausentes, la OEA aprobó la resolución que condena “el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, y el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y las que critican al gobierno y sus acciones en Nicaragua”.

El Embajador de San Vicente y las Granadinas, dijo que el gobierno de esa isla, se abstiene de votar a favor de la resolución y llama al diálogo y a la no intervención por la soberanía y asuntos de Estado “para el arreglo pacífico de controversias”.

Esperamos que el diálogo sirva para resolver estos conflictos. San Vicente y las Granadinas ha votado no, hoy sobre esta resolución puesto que seguimos insistiendo que los conductos apropiados para el diálogo deben seguir cultivándose. San Vicente y las Granadinas sigue trabajando con las autoridades de Nicaragua para entablar ese diálogo”, declaró.

La sesión extraordinario para abordar la situación de Nicaragua fue a solicitud de las Misiones Permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Uruguay, Brasil y Ecuador.

Asimismo el Consejo Permanente de la OEA resolvió:

  • Reiterar su insistencia en que el régimen orteguista ponga en libertad a todos los presos políticos y poner fin al hostigamiento y la intimidación de la prensa independiente y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
  • Renovar el ofrecimiento del Consejo Permanente de comprometer al régimen en Nicaragua en apoyo de la adhesión a los Estatutos rectores de la OEA, el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua de conformidad con el Derecho Internacional.
  • Encomendar al Secretario General que transmita la presente resolución al régimen orteguista.
  • Seguir ocupándose de esta cuestión y considerar la adopción de nuevas medidas en necesario.

El proyecto recuerda que el Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, establece que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y a su los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”; y el artículo 4, afirma que “la libertad de expresión y de prensa son componentes esenciales del ejercicio de la democracia”.

Por lo cual reafirma que, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y desarrollo de la región.

Y que, si bien el régimen de Ortega denunció la Carta de la OEA de 18 de noviembre de 2021, las obligaciones legales en virtud de la Carta, permanecerá en vigor hasta la entrada en vigor fecha de retiro de Nicaragua de la Organización el 18 de noviembre de 2023.

El texto expresa la “profunda preocupación” de la OEA de que “a pesar de todas las exhortaciones, contenidas en todas las declaraciones, las resoluciones y mandatos de la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA”, al régimen Ortega-Murillo, “el clima de opresión ha empeorado con un número creciente de detenciones arbitrarias; cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales; la toma autocrática de alcaldías en cinco municipios de un partido político de la oposición; una intensificación de la represión de periodistas y la libertad de los medios de comunicación; y ataques a monjas y sacerdotes de la Iglesia romana de la fe católica”.

Asimismo, manifiesta su “profunda perturbación” por “el hecho de que el Gobierno de Nicaragua ha ignorado los esfuerzos del Secretario General de la OEA, siguiendo instrucciones de la Misión Permanente Consejo, para involucrar al Gobierno de Nicaragua en la discusión de formas de que un grupo de alto nivel podría ser invitado a Nicaragua para explorar la posibilidad de ayudar al Gobierno a restablecer el respeto y la defensa de democracia y derechos humanos coherentes con los Estatutos de la OEA”.

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