El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que condena “enérgicamente” la incautación de los bienes de este organismo en Managua y exige al régimen de Daniel Ortega que “restituya inmediatamente” el uso del local robado el pasado 24 de abril.
La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, 0 votos en contra, 3 abstenciones y 2 ausentes.
Entre las naciones que votaron a favor están Perú, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, EEUU, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Panamá y Paraguay.
Entre las que se abstuvieron están San Vicente y las Granadinas y Honduras. Los ausentes fueron Bolivia, Nicaragua.
La resolución fue impulsada por las Misiones Permanentes de Canadá, Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Grenada, con la finalidad de condenar la confiscación del edificio que la OEA arrendaba en Managua, y que fue declarado de “utilidad pública” por el régimen orteguista el pasado mes de abril.
La resolución destaca “el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos, adoptado el 15 de mayo de 1949 y al que Nicaragua se adhirió el 31 de octubre de 1960, en particular los artículos 2, 3 y 4 del capítulo 1, que establecen, entre otras cosas, que los locales de la Organización, sus archivos y todos los documentos que le pertenecen ‘serán inviolables’ y que sus bienes y activos ‘gozarán de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y contra toda otra forma de intervención, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo’”.
En concreto, el documento resuelve:
- Condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la Organización de Estados Americanos y la incautación de sus bienes en Managua, Nicaragua, el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua.
- Deplorar la violación de la inviolabilidad de los archivos de la Organización, e insistir en que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén Nicaragua.
- Exigir que se restituya inmediatamente a la Organización el uso de los locales incautados por el Gobierno de Nicaragua.
- Subrayar que el Gobierno de Nicaragua es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales al respeto.
- Instruir al Secretario General de la OEA que transmita esta resolución al Gobierno de Nicaragua, y a los responsables de todas las organizaciones internacionales con presencia en Nicaragua, así como al Secretario General de las Naciones Unidas.
- Seguir ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias.
El texto, señala que el artículo 133 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que establece que la Organización “gozará en el territorio de cada uno de sus Miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”.
Asimismo que, el Acuerdo del 2 de octubre de 1989 entre el Gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el cual el Gobierno de Nicaragua otorgó plenos privilegios e inmunidades a la sede diplomática de la Organización en Nicaragua, incluyendo su inviolabilidad.
La resolución reitera que “las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua en virtud de la Carta siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida de Nicaragua el 18 de noviembre de 2023”.