Por Mariano Caucino | Tomado de Infobae
En la mañana del miércoles, el gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner volvió a respaldar al régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, en una decisión que humilla a los argentinos que adhieren a los principios básicos de la democracia y la libertad.
En esta ocasión, lo hizo en la votación que tuvo lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que una enorme mayoría de países democráticos exigió la liberación inmediata de los opositores a la dictadura detenidos en los últimos meses de cara a las elecciones de noviembre próximo.
El llamado de atención al régimen de Managua se resolvió con el apoyo de 26 votos a favor, es decir, el grueso de los países integrantes del organismo multilateral. Como consecuencia de una decisión diplomática que avergüenza a los argentinos, nuestro país no formó parte de ese grupo y sumó una de las siete abstenciones que evitaron pronunciarse a favor del reclamo hacia el gobierno del país centroamericano.
Al hacerlo, lo hizo escudándose en cuestiones procedimentales. Una vez más, el embajador argentino ante la OEA Carlos Raimundi volvió a erigirse en abogado de las dictaduras del hemisferio, podio que Nicaragua comparte con Cuba y Venezuela, dos naciones que desde hace décadas están sometidas por sendas tiranías ante la vista y paciencia de las autoridades kirchneristas.
La decisión de la diplomacia kirchnerista volvió a dejar en soledad al país frente a nuestros socios y vecinos. Una vez más, la Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México. Sus socios del Mercosur se inclinaron por la afirmativa: Brasil, Uruguay y Paraguay condenaron al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Como destacó Santiago Cantón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que como consecuencia del accionar represivo del gobierno de Nicaragua, en 2018 murieron 212 personas. Y que, dos años más tarde, permanecían privadas arbitraria e ilegalmente de su libertad más de mil seiscientas personas. Al tiempo que recordó que cuando la CIDH denunció a la dictadura argentina a fines de los años 70, hubo países que la apoyaron mientras que actualmente la Argentina eligió apoyar a una dictadura criminal.
Una breve descripción del panorama nicaragüense permitiría al más desprevenido comprobar qué clase de régimen político domina ese país. El presidente Ortega ha ocupado su cargo durante veinticinco años en las últimas cuatro décadas. Su hiper influyente esposa, Rosario Murillo, es la vicepresidente. El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla 72 de las 92 bancas de la Asamblea Nacional. El poder judicial actúa en los hechos como un apéndice de la Presidencia. Los medios de comunicación son permanentemente hostigados por el oficialismo. La mayoría de los candidatos presidenciales opositores están en prisión o han tenido que partir al exilio. La clase empresarial está dominada por socios del poder, un vicio que hermana a Ortega con sus denostados antecesores, los Somoza.
Acaso una “democracia imperfecta”, de acuerdo a la curiosa doctrina diplomática con la que recientemente el ex canciller Felipe Solá intentó explicar su defensa a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.
Pero la realidad es muy diferente. En definitiva, como dijo Sergio Ramírez en la reunión de la SIP, el matrimonio Ortega-Murillo ha convertido a Nicaragua en una enorme cárcel.
En tanto, la Argentina de los Fernández-Kirchner ha abandonado el compromiso con la defensa de los derechos humanos, tal como advirtió Paula Bertol, ex embajadora ante el organismo durante la gestión del Presidente Mauricio Macri.
Desgraciadamente, esta actitud frente a Nicaragua no resulta un hecho aislado. Por el contrario, es una muestra más de la diplomacia iniciada hace casi dos años. La que ha apartado a la Argentina de su tradicional adhesión a los principios democráticos que promueve el sistema interamericano y que se condensan en la Carta fundacional de la OEA y la Carta Democrática aprobada en septiembre de 2001.