La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, dijo hoy que ve con preocupación que disminuyen las posibilidades de que las elecciones presidenciales previstas para noviembre en Nicaragua sean libres y genuinas ante las medidas que el régimen de Daniel Ortega está tomando contra candidatos y periodistas independientes.
Este organismo, con sede en Ginebra, recibió el pasado febrero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (órgano intergubernamental) el encargo de hacer un seguimiento de cerca de todos los aspectos vinculados a los derechos humanos en el marco de la campaña electoral de Nicaragua.
“Hemos observado un situación inquietante en las últimas semanas”, afirmó en una comparecencia ante la prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado.
Se refirió, por ejemplo, a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional -controlada por el partido oficialista- de una reforma electoral que pone de lado las demandas de la oposición, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, ya que rechaza incorporar garantías de imparcialidad por parte de los entes electorales.
Mencionó que esa reforma también contiene restricciones a la libertad de expresión, reunión y participación política, y ha permitido disolver dos partidos políticos bajo el pretexto de que actúan contra las normas internacionales.
Al revisar la ley, los expertos de la ONU han encontrado que la forma en que la reforma electoral ha sido redactada permite su utilización “para silenciar a la disidencia”.
Entre los hechos que más preocupan a la Oficina de Bachelet está la apertura de una investigación penal contra la aspirante presidencial Cristina Chamorro Barrios, acusada de supuesto “lavado de dinero”, y que ha alcanzado también a su hermano, dueño de un medio de prensa y que ha sufrido la confiscación de equipamiento diverso. Además, uno de sus empleados ha sido detenido.
Al mismo tiempo, la policía ha intensificado sus acciones para restringir los movimientos de líderes opositores, comentó Hurtado.
“Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cese todo hostigamiento -incluso el hostigamiento judicial- en contra de miembros de la oposición y periodistas”, pidió la portavoz de Bachelet.
También hizo un llamamiento a las autoridades para que “garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información y expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante el proceso electoral, si se quiere que las propias elecciones sean libres y creíbles”.
Finalmente, instó al régimen de Ortega a “enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo. OACNUDH está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación que restringe los derechos humanos a fin de que ésta cumpla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.