La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) enviaron una declaración conjunta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para actualizar los datos sobre las detenciones arbitrarias en Nicaragua y la situación en el país.
El abogado Denis Darce, asesor legal de la CPDH dio lectura a la declaración conjunta, en la que detalló que, entre enero y septiembre de este año, la CPDH ha recibido denuncias de 72 detenciones ilegales. De estas, el 10% son en contra campesinos, el 40% contra jóvenes, y el 25% son mujeres.
“Las detenciones ilegales se suman a otras violaciones de derechos humanos, como el allanamiento ilegal de morada, detención violenta, incomunicación y la desaparición forzada, la violación del debido proceso y la falta de tutela jurídica, del derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, entre otros”, declaró Darce.
Ambos organismos, también denunciaron que el régimen de Daniel Ortega ha amenazado con la aplicación de la cadena perpetua para aquellos que cometan delitos graves, “refiriéndose de manera directa y concreta a los que fueron beneficiados con la Ley de Amnistía el año pasado, en 2019”.
Tanto la CPDH como la RIDH hicieron un llamado a la comunidad internacional a unir sus voces con la de ellos para presionar al Estado de Nicaragua para la “suspensión de las acciones violatorias de derechos humanos, para la suspensión de todas las detenciones ilegales, la liberación de todos los presos políticos, y la restitución de todos los derechos para todos los nicaragüenses”.