Organismos defensores de Derechos Humanos de Nicaragua lamentaron la muerte de la señora Irinea Mejía Cruz, quien el mediodía del sábado falleció en la comunidad de El Carrizo, municipio de Cusmapa, departamento de Madriz, sin haber conseguido justicia verdadera por el asesinato de su esposo e hijos, acribillados el 8 de noviembre de 2011 por funcionarios y fanáticos orteguistas.
Doña Irinea de 73 años, es conocida por exigir justicia por la masacre en El Carrizo, donde murieron su esposo José Mercedes Pérez Torres de 65, y sus hijos Elmer Liborio de 39 y Josué Sael de 23, quienes protestaron por las elecciones presidenciales fraudulentas de noviembre de 2011.
Ellos fueron acribillados por el entonces secretario político del FSLN en San José de Cusmapa, José de Jesús (Gersan) Herrera Zepeda y el delegado municipal del Consejo Supremo Electoral (CSE), Eusebio Cruz Montenegro, un grupo de policías y simpatizantes del partido del dictador Daniel Ortega.
El crimen quedó prácticamente en la impunidad. Los acusados fueron condenados solo a tres años y medio de cárcel y, para agravar la burla judicial, cumplieron la pena en celdas preventivas de la delegación policial de Somoto, con todas las comodidades: Televisor, buenas camas, visitas conyugales de amistades y familiares, buena comida, entre otros beneficios, según detalló el diario La Prensa.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) lamentó el fallecimiento de la señora Irinea Mejía, y recordó que fue este organismo quien constató la masacre in situ de su familia.
“Documentó el caso y acompañó a doña Irinea Mejía (q.e.p.d.) en todo el proceso judicial que favoreció a los hechores por ser servidores del FSLN: Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Consejo Supremo Electoral, Elvin de Jesús López, exjefe policial, Mauro José Díaz Jiménez, expolicía y Jesús Herrera Zepeda, exsecretario político del partido del FSLN, imputándoles penas que no llegaron ni a los 4 años”, reprochó el CENIDH.
El organismo advirtió que este caso, “evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado y una cultura de impunidad e irrespeto a los derechos humanos, que persiste y recrudece a la fecha; las irregularidades en el proceso fueron totales; investigaciones policiales viciadas, lideradas por el Comisionado Ramón Avellán hoy subdirector de la Policía Nacional, una mala tipificación del delito llamándosele homicidio y no asesinato, los condenados nunca fueron llevados al Sistema Penitencio como lo exigió orden judicial por lo que cumplieron su pena en la policía de Somoto con sumos beneficios (celda única, derecho a teléfono, internet, libre movilización por todo el penal, etc.)”.
“La lucha de doña Irinea por alcanzar la justicia nunca claudicó, CENIDH le acompañó legalmente para que solicitara al Ministerio Público apelación de la sentencia, la que fue resuelta 3 años después y que confirmó la aberración jurídica, pero no se procedió a hacer casación de la sentencia porque los hechores ya habían cumplido su condena. Este es uno de los casos que permanecen en la impunidad y por los que debemos seguir luchando, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia. Para CENIDH doña Irinea Mejía fue y será siempre un referente de lucha y resistencia, nunca se cansó de exigir justicia, ejemplo que debe recoger su familia con orgullo”, agregó el CENIDH.
Por su parte, el abogado Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostuvo que la muerte de doña Irinea estremece a El Carrizo y al país.
“Se trata de una mujer indígena que se caracterizó por ser una ciudadana que en ejercicio de sus derechos humanos, por casi una década denunció el asesinato en perjuicio de su esposo y dos hijos”, comentó Carrión.
“Fue una masacre que le causó una inmensa pérdida humana, dolió profundamente, el crimen fue con todas las ventajas y frialdad de los desalmados con fuerza numerosa y fusiles de guerra, cuyos perpetradores pertenecen a las estructuras criminales identificados como FSLN, aquel noviembre de 2011 no se olvida porque las fuerzas impunes en el gobierno ejecutaron a esa familia que pensaba diferente. Como defensor tuve la oportunidad de conocer a doña Irinea, de acompañarle en su lucha por la justicia. Nunca cayó, su voz se distingue por ser con dignidad poderosa. Heredamos su voz, su alto valor y dignidad. La lucha por la justicia y libertad no se detiene”, expresó el abogado.
“A la familia Torres, a doña Irinea las recordaremos siempre porque son parte de la sociedad libre y justa que aspiramos todos, mientras que sus verdugos e impunes asesinos ya son parte del basurero de la infamia”, añadió.