El Colectivo 46/2, que aglutina a 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, solicitó este viernes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que establezca un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas en Nicaragua, a cuyo régimen ha sido denunciado por una constante violación a los derechos y a las libertades individuales.
El pedido fue expuesto durante un evento de organizaciones humanitarias paralelo al 49 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrollará oficialmente del 28 de febrero al 1 de abril próximo.
“Nicaragua lleva casi cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. La situación rebasa el sistema de protección de derechos humanos y amerita una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional”, dijo la asesora legal en Ginebra de Raza e Igualdad, Tania Agosti, durante el encuentro telemático.
En una presentación sobre la situación de Nicaragua, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, afirmó que en el país “se ha profundizado la represión y seguimos contando víctimas, sobre todo de detenciones arbitrarias”.
Entre esas víctimas mencionó el arresto de siete opositores que aspiraban a competir en las elecciones de noviembre pasado con Daniel Ortega.
“Continúan los allanamientos violentos, hostigamientos indiscriminados por policías y elementos paraestatales. La escalada represiva (está) reforzada por la complicidad del Poder Judicial, que usa el derecho penal como instrumento de represión, aunada con la permanencia de estructuras militares que asesinaron a 355 nicaragüenses entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019”, detalló Núñez.
La activista también mencionó que en Nicaragua se vive una “recesión institucional, un régimen dictatorial, un Estado de excepción de hecho, una militarización intimidante, un discurso oficial de negación de la represión, estigmatización de los manifestantes, justificación de la brutalidad, arbitrariedad, ilegalidad de la gestión estatal y que no hay Estado de Derecho ni separación de poderes”.
AI: IMPUNIDAD RAMPANTE
Silvia Gutiérrez, la hija de la defensora de los derechos humanos bajo arresto, Eveling Pinto, afirmó que los presos políticos enfrentan juicios a puertas cerradas en una cárcel, sin el debido proceso, con restricciones a los expedientes, sin reunión con los abogados y sin presunción de inocencia.
En la cárcel, según Gutiérrez, los presos sufren “sometimiento a interrogatorios constantes, aislamiento prolongado, restricción de visitas, reclusión sin ventilación ni luz natural, acceso muy limitado a alimentos y agua potable, medidas y servicios médicos”.
“En 2021 se registraron 2.878 agresiones en contra de defensoras de derechos humanos. Se han documentado 35 casos de violencia sexual ocurridos durante detención en contra de 20 mujeres y 15 hombres: 4 violaciones sexuales, 7 abusos sexuales y 6 amenazas de sufrir violación, por agentes policiales y parapoliciales en delegaciones policiales y centros clandestinos de detención”, dijo Gutiérrez.
En Nicaragua “la crisis no sólo continúa, sino que se profundiza, evoluciona y echa más raíces”, anotó la investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, Astrid Valencia.
“Es claro que desde la resolución del Consejo de Derechos Humanos de marzo de 2021, la situación ha seguido empeorándose estrepitosamente”, agregó.
Valencia sostuvo que “la comunidad internacional no puede seguir adoptando el mismo enfoque año tras año, y, sobre todo el Consejo de Derechos Humanos, debe ir un paso adelante y abordar la impunidad rampante que está dando carta blanca a que estas violaciones continúen”.
“Es necesario que el Consejo de Derechos Humanos envíe un mensaje claro a las autoridades y a los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos, de que se toma en serio la rendición de cuentas”, apuntó.
El abogado del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), Roberto Bravo, confirmó que entre abril de 2018 y julio de 2019 la crisis sociopolítica de Nicaragua dejó 355 muertos, entre estos, 15 mujeres y 340 hombres, incluyendo 27 menores y 23 agentes de la Policía Nacional.
Las organizaciones denunciantes aspiran a que el 49 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos impulse las rendiciones de cuentas de Nicaragua sobre los derechos humanos.
*Con EFE